El administrador provincial del Servicio de Catastro e Información Territorial (Scit), Horacio Palavecino, expuso detalles acerca de las tierras rurales santafesinas que, de acuerdo a los datos recabados por el organismo, se encuentran en propiedad de extranjeros, durante la primera reunión del Consejo Interministerial para la aplicación de la Ley Nacional de Tierras Rurales (N° 26.737), que prevé un límite de titularidad para quienes no sean ciudadanos argentinos del 15 por ciento.

El Consejo Interministerial para la implementación de la Ley de Tierras –o Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales–, fue creado por la misma norma y está integrado por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos; de Agricultura, Ganadería y Pesca; del Interior; de Defensa y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete del Estado Nacional; y por representantes de todas las provincias, con excepción de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (porque no posee tierras rurales).

A fines del mes de diciembre de 2011, el Congreso Nacional sancionó la ley que restringe la extranjerización de tierras. La misma, fija en un 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales por parte de extranjeros en el territorio nacional. Además, tiene por objeto regular la situación para el caso de las personas físicas y jurídicas.

Por otro lado, a partir de la sanción de la ley ningún extranjero podrá comprar en la zona núcleo más de 1.000 hectáreas.

Esta zona núcleo comprende, por ahora, en nuestra provincia, a los departamentos de Villa Constitución, General López, Rosario, Caseros, San Lorenzo, Iriondo, Belgrano, San Martín y San Jerónimo. Abarcando también el centro y norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Córdoba.

Pero para implementar la nueva normativa, el Estado Nacional necesita que las provincias envíen información catastral y dominial. “En el caso de Santa Fe, el relevamiento preliminar se efectuó a través del Servicio de Catastro e Información Territorial y remitido al Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia de la Nación creado como autoridad de aplicación”, explicó Palavecino.

En cuanto al relevamiento, éste se debía completar a los 180 días de sancionada la ley, pero la "disparidad entre las provincias tanto en los registros de propiedad como en los catastros postergó el período, por lo que se resolvió extender el plazo de trabajo. No obstante, en la zona núcleo, integrada por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, existen organismos constituidos como para llevar a cabo este relevamiento preliminar”, indicó el funcionario.

“Lejos del porcentaje fijado como máximo por la nueva normativa, la provincia detectó que 141.703 hectáreas (ha) pertenecerían a personas físicas de otra nacionalidad, que representan alrededor de un 1,1 por ciento sobre el total de tierras rurales que tiene Santa Fe (12,8 millones de ha)”, detalló el administrador provincial del Servicio de Catastro e Información Territorial.

Del total, 85 mil hectáreas (un 80,7%), están a nombre de solo 21 personas que acumulan más de 1.000 ha cada una. “Ambos guarismos quedan muy lejos del máximo permitido por la ley”, indicó Palavecino, quien agregó que “no obstante resta aun determinar las tierras pertenecientes a las personas jurídicas de capitales extranjeros, volcadas a especulación financiera".

Al respecto, el titular de Scit señaló que "solo se pudo analizar el caso de personas físicas y de manera preliminar por un cruce de información que hicimos con el SINTyS perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Con el número de DNI o CUIT elevado indica que son personas extranjeras o de nacionalidad extranjera, pero a lo mejor ya están naturalizados, ya quedan fuera del marco de la norma", describió Palavecino.

En cuanto a la ubicación, el funcionario precisó que la mayor extensión de tierras rurales en manos de personas físicas extranjeras se ubican principalmente en el centro y norte de la provincia y en particular en los departamentos de Vera, 9 de Julio y San Cristóbal. También se aprecian propietarios con más de 1.000 ha en los departamentos de San Javier, Garay y La Capital.

“En contradicción con las suposiciones sobre los extranjeros, que podían hacer inversiones de producción para la siembra de soja, Catastro provincial detectó que son tierras más bien ganaderas, zonas de reserva o cercanas al río Paraná”, indicó Palavecino.

No obstante, el funcionario advirtió que “el hecho de que las tierras extranjeras se encuentren linderas a los puntos de agua es un llamado de atención en el marco de la ley, ya que la misma prevé que no se pueden enajenar a extranjeros”.

Por otra parte, el administrador del Scit admitió complicaciones para detectar la cantidad de hectáreas que poseen personas jurídicas de capitales extranjeros porque suelen responder a "inversores con fines especulativos".

De la primera foto que obtuvo Santa Fe, se tradujo que las tierras rurales en manos de personas físicas extranjeras son, en su mayoría, de europeos.

En el proceso de detección de datos, “el mayor problema es el de descifrar la composición de las sociedades”, indicó Palavecino, quien además agregó que “el trabajo debe articularse entre el Registro Nacional de Tierras Rurales, los registros provinciales competentes (Registro General de la Propiedad, Registro Público de Comercio) y sobre todo con la Inspección General de Personas Jurídicas”.

En tal sentido, el funcionario admitió que “se computan extranjeras aquellas que tengan el 51 por ciento de capital en manos de personas extranjeras o que personas extranjeras puedan formar la voluntad social, aunque la ley no afecta derechos adquiridos sobre las personas no argentinas que ya posean tierras al momento de la sanción de la ley”.

"La única obligación que reviste para estas personas es declarar su condición de extranjeros y ser titular en tierras rurales, pero ya no podrían seguir adquiriendo mas tierras", advirtió.

Finalmente, Palavecino explicó que “los extranjeros que quieran adquirir tierras rurales en cualquier punto del país deberán solicitar un certificado de habilitación previo ante el Registro Nacional de Tierras Rurales. En cuanto al caso de personas jurídicas, se precisa de la participación de la Inspección General de Personas Jurídicas, en donde además interviene el Registro Nacional de Tierras Rurales, a los fines de intercambiar con las provincias los datos que vaya recabando", precisó Palavecino.-