El Gobierno nacional ya pidió a los mandatarios provinciales que le responden, que se pronuncien contra los reclamos de fondos que vienen encabezando provincias como Córdoba y Santa Fe.

La idea de la Casa Rosada sería aislar esa movida protagonizada hasta el momento por el cordobés José Manuel de la Sota y el santafesino Antonio Bonfatti. Y en menor medida y con sus particularidades, también por el porteño Mauricio Macri.

Uno de los gobernadores aliados de la presidenta Cristina Kirchner es Francisco "Paco" Pérez. Justamente en Mendoza, el oficialismo dejó anoche sin quórum la sesión del Senado provincial en la que se debatía un proyecto opositor para que la Provincia demande al Gobierno nacional por la retención de fondos para destinar a la Anses.

La UCR, con respaldo del Partido Demócrata y algunos senadores del PJ disidente, había presentado una iniciativa que buscaba demandar a la Nación por el descuento del 15 por ciento de coparticipación que, según el radicalismo, se concretó de manera "ilegal" en los últimos dos años y ocasionó una merma de ingresos por 2.800 millones de pesos para Mendoza.

Tras lo sucedido, el polémico tema pasó para la semana próxima, en medio de un fuerte cruce entre el radicalismo y el peronismo, según consignó el Diario Uno de Mendoza. El proyecto radical impulsa que el gobernador Pérez haga un planteo de inconstitucionalidad contra el decreto nacional que mantiene la retención del 15 por ciento de la coparticipación nacional para la Anses.

"Como hay que pensar en términos políticos, yo no quiero que el gobernador se pelee con el Gobierno Nacional. Por eso con la aprobación de este proyecto, Pérez sólo tiene que presentarse y decir que la Legislatura lo ha instruido para que inicie la demanda", planteó Juan Carlos Jaliff, el senador provincial de la UCR que defendió el proyecto.


El gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, expresó su deseo de dialogar con la presidenta Cristina Kirchner para "cobrar lo que nos debe" el Gobierno nacional. "Ojalá que muchas de las cosas que digo públicamente pudiera tener la oportunidad de conversarlas mano a mano con la Presidenta porque la gente hablando se entiende, al menos así me enseñaron desde chico", sostuvo el mandatario provincial. En diálogo con radio Cadena 3, de la Sota señaló: "Ojalá en la Argentina hablando podamos entendernos cada días más. No hemos ido a la Justicia para cobrar lo que nos deben porque nos guste, sino que hemos ido porque no nos dejaron otro camino".

La Corte Suprema de Justicia intervendría en un litigio judicial que impulsa el gobierno de Córdoba en contra de la Nación, a la que le reclama el pago de una deuda millonaria con la Caja de Jubilaciones provincial. Según trascendió, el máximo tribunal convocaría a representantes de la Nación y del distrito que lidera José Manuel de la Sota para que tomen parte en una audiencia de conciliación, prevista para el mes que viene.

En este sentido, De la Sota pidió "hablar mano a mano" con la presidenta Cristina Kirchner por los fondos que la Nación le debe a la Caja de Jubilaciones cordobesa, que ascienden a 1.040 millones de pesos: esa deuda llevó a Córdoba a plantear un reclamo formal ante la Corte Suprema.

"El único camino para encontrar soluciones es alcanzar el diálogo, aprendiendo a respetar aun más a los que piensan diferente (...) Ojalá pudiera hablar mano a mano con la Presidenta", subrayó el mandatario, en declaraciones periodísticas. La provincia mediterránea analiza también recurrir al máximo tribunal de Justicia de la Nación para impulsar otro litigio judicial contra el gobierno kirchnerista por el 15 por ciento de la coparticipación federal.

En caso de avanzar en ese sentido, como advirtieron días atrás funcionarios cordobeses, como el jefe de Gabinete, Oscar González, la medida se produciría después de que la Legislatura provincial transformara en ley un proyecto enviado por el propio De la Sota para abandonar el Pacto Fiscal firmado hace 20 años.

De todos modos, en este caso, uno de los integrantes de la Corte, Eugenio Zaffaroni, consideró que los reclamos por los fondos de coparticipación hechos por Córdoba y también por Santa Fe son de "raíz política" y por ende debían dirimirse en una mesa de negociación. "El Estado nacional sabe cuál es el estado del Tesoro, nosotros con una sentencia no podemos resolverlo", argumentó el magistrado.