Los concejales rosarinos Norma López y Roberto Sukerman presentaron un proyecto para establecer un novedoso marco regulatorio integral sobre el uso de Videocámaras. Proponen la creación de una Comisión de Garantías para resguardar los derechos individuales y que los grandes comercios hagan convenios con la Municipalidad aportando nuevas cámaras al servicio de monitoreo. También prevé el otorgamiento de un Certificado de Habilitación para el uso y funcionamiento de los sistemas de captación de imágenes de los privados que quieran tenerlo o que ya cuenta con él.


“El objetivo es asegurar la convivencia ciudadana en los espacios público o privados de acceso público y regular la instalación, instrumentación y uso de la captación de imágenes mediante cámaras. Regulación que hasta ahora no existe a nivel municipal y es imprescindible implementar medidas que lo regule y controle para que esas imágenes no vulneren los derechos al honor, a la intimidad y privacidad de las personas. En este contexto de búsqueda del equilibrio entre seguridad, derechos y libertades es que proponemos la creación de una Comisión de Garantías de VideoVigilancia, con la intención de garantizar que la utilización de los sistemas de captación de imágenes del centro de monitoreo no se traduzca en un sacrificio excesivo y desproporcionado de los derechos y libertades de cada individuo.”, aseguraron los ediles.


La Comisión de Garantías estará integrada por seis concejales, un representante del ejecutivo, uno del Ministerio de Seguridad de la provincia y uno del Poder Judicial, a los que se suman un integrante de la Policía, otro de las fuerzas nacionales de seguridad; un miembro de la Universidad Tecnológica Nacional; y otro de la Universidad Nacional de Rosario. Tendrá las facultades de aceptar o rechazar las solicitudes de instalaciones fijas; ser informada de las resoluciones de autorización de cámaras móviles y su utilización; recabar el soporte físico de las grabaciones; solicitar la destrucción de las grabaciones cuando considere que se han cumplido las prescripciones legales de su procedencia y requerir informes a las autoridades.


La vicepresidenta del Palacio Vasallo, Norma López señaló: “La utilización de cámaras deberá regirse por los principios de razonabilidad, reconociéndose como límite el respeto a los derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución nacional y provincial. Las imágenes obtenidas tendrán carácter confidencial y sólo podrán ser requeridas por autoridad judicial con competencia en materia penal, contravencional o de faltas”.

Por otra parte, el proyecto también prevé como factor novedoso, la posibilidad de que la Municipalidad firme convenios con personas físicas y jurídicas del sector privado para que éstas adquieran e instalen a su propio cargo las videocámaras, siendo obligación del municipio incorporarlas al sistema público de monitoreo.


“De esta forma se ven beneficiados tanto el sector público como el privado. El Estado sumando más cámaras al sistema de monitoreo, y el privado al ser monitoreado las 24 hs. Esto tiene como objetivo primordial lograr equidad y justicia social. Prever la posibilidad de que distintos actores del sector privado se integren al sistema público de monitoreo comprando las cámaras de videovigilancia permite que el Estado pueda invertir en aquellas zonas que de acuerdo al mapa del delito requieran instalaciones de cámaras de videovigilancia”, afirmó el jefe de bloque del frente para la Victoria, Roberto Sukerman


“El sector en el cual se concentran comercios y diversas instituciones podrá ser cubierto por el mismo sector, quedando a su cargo la compra de las videocámaras, con el compromiso por parte del Estado de incluir dicha videocámara en el sistema público de monitoreo. Por su parte, el Estado podrá invertir en ampliar el sistema público de monitoreo a las zonas que si bien no cuentan con un sector privado que pueda afrontar el gasto de instalación de las mismas, el mapa del delito marca que se requiere una fuerte presencia estatal que pueda ser cubierta en parte por medio de la instalación de videocámaras”, afirmaron los ediles en los considerandos del proyecto.


En pos de regularizar y adecuar los sistemas de captación de imágenes ya instalados, y optimizar el contralor de los sistemas a instalarse a partir de la entrada en vigencia de la nueva regulación, el proyecto instituye el otorgamiento de un Certificado de Habilitación que será expedido por la Autoridad de Aplicación. Aquellos que cuenten con sistemas de captación de imágenes o que quieran instalar dichos sistemas (en espacio públicos o privados de acceso público), deberán contar con este Certificado de Habilitación para el uso y funcionamiento de las videocámaras. Al mismo tiempo se establece la sanción ante el incumplimiento de la obligación de contar con dicho Certificado.