La diputada provincial  Griselda Tessio presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe para que declare su beneplácito por la Sentencia dictada  por el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de esta ciudad, en la causa seguida contra el ex personal civil de inteligencia (PCI) Juan José Luís Gil.

Esta es la primera vez en Argentina que se dicta sentencia por amenazas a investigadores, testigos y querellantes de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

Juan José Luís Gil fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, “como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas y coacciones agravadas, en dos hechos en concurso real”. Se tuvo entonces por acreditado que entre los meses de abril y junio de 2009, el acusado amenazó mediante correos electrónicos, firmados por La Hermandad, al Fiscal Federal José Ignacio Candioti, para que deje de investigar delitos de lesa humanidad, principalmente la denominada “Causa Nº 50 Base Aérea”.

Además se demostró que Gil amenazó a víctimas y querellantes de estas causas, y a integrantes de organismos de derechos humanos.

Juan José Luís Gil es un ex integrante de la guardia rural Los Pumas, esa fuerza creada para combatir el abigeato y que en la dictadura militar reprimió salvajemente las luchas obreras.
Revestía asimismo como personal civil de inteligencia del Batallón 601.
Al momento de hacer uso de su derecho a declarar, Gil acusó a jueces y fiscales de haber inventado la causa, en la que el material probatorio fue contundente, ya que entre otras personas declaró la apoderada de “Yahoo Argentina”.

Esta condena es un claro mensaje a la sociedad y a los testigos y víctimas de las causas de lesa humanidad, que muchas veces soportan intentos de atemorizarlos con la finalidad de que no declaren. No deben quedar dudas de que todo ardid ideado por estos “nostálgicos del terrorismo de Estado” (al decir del Fiscal General Martín Suárez Faisal) será en vano ante la primacía de la justicia en un verdadero Estado de Derecho.