El Gobierno español felicita a la policía por su actuación el 25-S

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido la actuación policial y las cargas contra los manifestantes que se produjeron la tarde-noche de ayer en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. La protesta, bautizada 25-S Rodea el Congreso y que mantuvo todo el día blindado el edificio con más de 1.300 antidisturbios, dejó al menos 35 detenidos y 64 heridos, 16 de ellos trasladados a centros hospitalarios, según el último balance ofrecido por la Jefatura Superior y Emergencias Madrid. De los heridos, 27 son agentes.

La protesta, que congregó a un público variopinto hastiado por los recortes y la crisis, comenzó a las doce de la mañana con varias concentraciones y asambleas y a las cinco y media de la tarde salieron dos marchas autorizadas hacia el Congreso que congregaron a miles de personas —6.000, según los datos de Delegación de Gobierno—, muchas de ellas llegadas en autobuses de otras comunidades. Aunque los convocantes insistieron hasta el último momento en el carácter pacífico de la protesta, la tensión entre asistentes y policías fue subiendo y acabó con varias cargas policiales con pelotas goma en la zona de la plaza de Neptuno, que hoy son imagen de portada en medio mundo. La primera carga fue sobre las siete de la tarde y a última hora, los palos y golpes llegaron hasta los andenes de Atocha.

Cifuentes ha respaldado "absolutamente" esta respuesta a los manifestantes, es más, ha felicitado a la policía por su respuesta. "Respaldo absolutamente. Quiero además felicitar a la Policía Nacional porque ayer demostraron su profesionalidad en circunstancias muy difíciles", ha declarado en una entrevista en RNE a primera hora de la mañana. Según la delegada, la policía "recibió un ataque desproporcionado" con lanzamiento de "piedras, tornillos, botellas" y otros objetos. Cifuentes, que ayer comparó la convocatoria con el golpe de Estado del 23-F al igual que María Dolores de Cospedal, ha culpado de los incidentes a "radicales y antisistema" y ha lamentado que concluyera así una manifestación que era "pacífica" hasta que estos grupos entraron en acción.

A última hora de ayer, los convocantes del 25-S, que a las once de la mañana ofrecerán en rueda de prensa su versión de los hechos y anunciarán nuevas movilizaciones, decidieron llamar a regresar hoy a las siete de la tarde a Neptuno. La delegada del Gobierno ha hecho un "llamamiento a la tranquilidad" ante esta nueva convocatoria y ha recordado que no está autorizada, por lo que ha advertido de que "se aplicará la ley con todas sus consecuencias".

Poco después, en los pasillos del Congreso, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respaldado también la actuación policial y ha calificado de "violencia extrema" la actitud de "algunos manifestantes". A su juicio, la Policía actuó "magníficamente" y "cumplió con su deber" ante "algunos manifestantes que usaron demasiada violencia".

Fernández Díaz ha añadido que la Policía "cumplió la ley en unas circunstancias especialmente complejas" y ha justificado las cargas porque la policía "cuando carga es porque se ve obligada a hacerlo". "Felicito a la policía, que actuó extraordinariamente bien y gracias a ella esa intención manifiestamente inconstitucional e ilegal de ocupar el Congreso y coaccionar a los diputados cuando están reunidos en sesión no se pudo llevar a cabo", ha sentenciado. Esta mañana, el Congreso continúa su actividad con la sesión de control. Los servicios de limpieza han acabado con todo rastro de la protesta y la zona sigue vallada y fuertemente vigilada.

Las manifestaciones frente al Congreso están prohibidas cuando hay actividad parlamentaria y ayer había pleno, lo que llevó al Gobierno a considerarlas de ilegales y hasta de golpistas, aunque cinco concentraciones y marchas del 25-S estaban autorizadas. El Código Penal tipifica las protestas ante la Cámara Baja y las castiga con cárcel si alteran “el normal funcionamiento” del hemiciclo. El objeto de la acción era manifestar a los políticos el hastío de los ciudadanos e iniciar “un proceso constituyente”, según los organizadores.