En un nuevo embate contra la aplicación del aborto no punible, un juez Civil de la ciudad de Santa Fe dispuso suspender el protocolo que regula esa práctica médica en los hospitales de la provincia y garantiza ese derecho cuando la mujer fue víctima de una violación o el embarazo pone en riesgo su vida. La medida cautelar fue dictada a raíz de un planteo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que cuestionó la guía al entender que "atenta contra la vida humana" y es "inconstitucional". La provincia se notificó de la medida en las últimas horas de ayer y evaluaba tanto los pasos a seguir en la vía judicial como los alcances concretos de la disposición.

La decisión del juez Civil y Comercial santafesino Claudio Bermúdez fue notificada al Ministerio de Gobierno provincial el viernes pasado. El mensaje llegó a escasas horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendiera una medida que impedía la realización de un aborto no punible a una mujer de 32 años, víctima de la trata de personas en la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con LT10, Claudio Bermúdez, titular del juzgado Civil y Comercial de la IV nominación, explicó que “es una medida cautelar. Por lo tanto, no hay un pronunciamiento definitivo sobre la cuestión de fondo. La medida cautelar que dicté es parcial. El protocolo abarca dos aspectos del aborto no punible (el aborto terapéutico y el aborto por violación). La suspensión que implica la cautelar está referida a la parte del protocolo que contempla el aborto no punible por violación”.

Además, Claudio Bermúdez agregó que “les recuerdo que el protocolo permite la práctica abortiva sólo con una declaración jurada. El planteo de la cautelar está referido a la inconstitucionalidad de lo dispuesto por el ministerio en el protocolo sobre las prácticas abortivas”.

Por su parte, el ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello confirmó por LT10 que la provincia revocará la medida cautelar. "“Esto que hizo la gente del partido Demócrata Cristiano, lo hizo tanto en Santa Fe como en Rosario. En Rosario no prosperó por lo cual seguimos con la misma situación que antes. No obstante, a través de Fiscalía de Estado, mañana o pasado presentaremos una revocatoria de esta medida para ver si el juez nos habilita a seguir trabajando en este sentido”, indicó el funcionario.

El efecto de la medida cautelar es que suspende la aplicación del protocolo para la atención de abortos no punibles en centros de salud de la provincia. Esa guía técnica fue formalizada por el Ministerio de Salud el 17 de abril pasado y adhiere a los lineamientos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsables.

A partir de ese instrumento, Santa Fe se cuenta entre las pocas provincias que respetan la bases del fallo dictado por la Corte nacional el 13 de marzo pasado (a partir del caso F.A.L.), cuando solicitó a las provincias que eviten obstáculos judiciales o administrativos para la realización de abortos a víctimas de violación.


La queja
A poco de lanzarse el protocolo, en mayo pasado el Partido Demócrata Cristiano (PDC) lo cuestionó mediante un recurso de amparo. "Pedimos que se declare inconstitucional porque afecta el derecho a la vida reconocido en tratados constitucionales. Nuestra posición es contra la muerte por aborto y en defensa de toda vida humana", argumentó Gabriela Quadri, la abogada rosarina que presentó el planteo.


"Entendemos que el fallo de la Corte es excesivo", añadió el abogado Gerardo Casadei, titular del partido a nivel provincial. "No tiene competencia para ordenarles qué hacer a las provincias porque cruza la frontera de la división de poderes", dijo. La fuerza, fundada en Rosario en 1954, tiene unos 4.700 afiliados. No cuenta con representantes propios en la Legislatura ni integra otros bloques políticos.


Un cuestionamiento de la agrupación política a la guía técnica es que "obstaculiza la investigación de las violaciones porque sólo se requiere una declaración jurada de la víctima". Un rasgo que, según distintas organizaciones de mujeres, ubica a la provincia un paso adelante respecto de otras jurisdicciones y que no impide la realización de denuncia judicial. Otra queja es que "el niño será muerto y ni siquiera se sabrá si realmente era fruto de una violación".


En el aspecto legal, para los accionantes, el protocolo violenta tratados que entienden por niño "a todo ser humano desde de su concepción". Ante el planteo, el juez primero se declaró incompetente pero la Cámara Civil le encomendó seguir adelante.


Finalmente, dictó la cautelar (una medida provisoria hasta tanto se pronuncie sobre el fondo del asunto) en la que hizo lugar parcialmente al pedido del PDC. No restringió la realización de abortos cuando impliquen riesgo para la vida pero sí en casos de violación. Enumeró varios tratados y artículos con los que esa disposición, a su criterio, colisionaría.


¿Cuál es el impacto concreto de la medida en el sistema de salud pública? Para los abogados del PDC, el último protocolo queda directamente sin efecto en toda la provincia y pasa a regir una guía previa de 2007, que es más restrictiva. Qué pasará de aquí en más es el punto clave y depende en gran medida de cómo accione la provincia frente a la traba judicial.