La actividad de las mutuales ya había quedado reducida a casi su quinta parte desde que Cristina anunció, en diciembre pasado, una nueva regulación oficial para evitar “abusos” en las tasas de interés de sus préstamos a jubilados. Pero sintió su último gran golpe en estas últimas semanas, luego de que la ANSeS decidiera recortar al máximo los fondos que destinaba con este fin a las pocas entidades sobrevivientes en el sector.

“Hace dos semanas que no damos un sólo crédito. Veníamos colocando alrededor de 30 líneas por día para los jubilados, pero la ANSeS dejó de mandarnos la plata. No es algo que estemos sufriendo sólo nosotros; casi todas están así”, se lamentaba ayer el empleado de una de las decenas de mutuales que quedó operando en la actividad.

La ANSeS explicó a algunas de estas compañías que decidió suspender el desembolso de los créditos tras haber detectado que, por cada nueva línea otorgada, muchas de ellas terminaban por cobrar a la mayoría de los jubilados una cuota adicional por la prestación de “servicios” adicionales (además de la cuota social). El organismo considera que el cobro por este concepto –puede llegar a ubicarse en los $ 20 mensuales– debe ser incluido dentro del costo financiero total contemplado en la normativa (fijado en el 35% para las línas a dos años). “Incorporándolo, nos terminaba dando una tasa del 40% anual”, reconoció un ejecutivo a este diario. En su entidad, que habían logrado incrementar la colocación de los $ 5 millones a los $ 15 millones diarios a partir de la normativa oficial, debieron suspender completamente los créditos en las últimas semanas. “Hace dos meses nos enteramos de que nos habían dado de baja líneas que habíamos otorgado hace tres o cuatro meses atrás”, agregó.

En la ANSeS explicaron que el stock de financiamiento quedó fuertemente reducido en los últimos meses luego de que decidieran realizar un control más exhaustivo sobre el sector. “Lo que se estuvo viendo es que las mutuales no cumplen con los requisitos y no se atienen al decreto presidencial. El recorte lo hacemos solamente en favor de los jubilados, porque hay abusos que en estos meses se siguieron cometiendo a pesar de la normativa”, comentaron en la oficina de prensa del organismo, que por estos días trabaja en un informe sobre los números del sector.

“En algunas mutuales llegan a cobrar costos adicionales por servicios odontológicos a jubilados que no tienen dientes”, llegó a exasperarse un funcionario del organismo en diálogo con El Cronista.

En el sector había, hasta el anuncio de Cristina, 280 entidades de este tipo habilitadas oficialmente para cobrar las cuotas de los créditos con un descuento automático de los haberes (mediante lo que se llama el “código de descuento”). Las tasas de interés habían llegado a escalar a niveles superiores al 100% anual, y entonces desde el Gobierno decidieron ponerle un tope de un 5% máximo por encima del costo financiero total (CFT) que cobra el Banco Nación (del 30% a dos años). El CFT que debieron empezar a cobrar las mutuales quedó, así, en el 35% anual. Y el mercado se vio reducido, según las propias fuentes del sector, a una quinta parte de lo que era.

La presidenta había anunciado entonces que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS otorgaría en adelante “un 20% de sus recursos para otorgar créditos a los adultos mayores”. Esto, de acuerdo a los $ 201.000 millones informados por el organismo oficial hasta octubre de 2011, hubiera supuesto volcar para ellos unos $ 40.000 millones.