Marcha atrás de Clarín en su denuncia contra periodistas
Después de la controversia por su decisión de incluir a periodistas afines al Gobierno en una acusación por incitación a la violencia, pedirá que sean convocados sólo como testigos. Los abogados del multimedios harán hoy otra presentación judicial
El Grupo Clarín presentará hoy en tribunales una rectificación de la denuncia penal que hizo el jueves pasado contra funcionarios nacionales y periodistas de medios públicos o afines al Gobierno por los posibles delitos de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada , figuras que prevén penas de hasta seis y diez años de cárcel, respectivamente. Solicitará allí que los periodistas sólo sean convocados a declarar como testigos y no como imputados.
Los abogados del multimedio decidieron hacer la nueva presentación ante numerosas críticas de periodistas, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición, que cuestionaron en duros términos la denuncia de Clarín . Todos coincidieron en que la presentación significaba un intento de criminalizar las expresiones de los periodistas y que ponía en riesgo la libertad de expresión.
"Vamos a aclarar que cuando se nos cite a ratificar la denuncia vamos a solicitar que, en atención a los derechos constitucionales que los amparan, los periodistas sean citados a declarar como testigos, para que aporten información sobre los hechos denunciados", dijo a LA NACION el abogado Hugo Wortman Jofré, que presentó la denuncia junto con sus colegas José María Sáenz Valiente y Alejandro Pérez Chada.
"La acción está orientada a revelar si la conducta del Estado nacional y sus funcionarios constituyó una acción penalmente reprochable. No se busca imputar a periodista alguno, éstos sólo serán testigos", afirmaron los abogados de Clarín, en un comunicado. "Los periodistas mencionados actuarán exclusivamente como testigos a los fines de que -de poseerla, como sugieren sus manifestaciones- aporten información sobre los hechos denunciados", sostuvieron.
La denuncia de Clarín afirma que existe una campaña de parte del oficialismo para hacer responsable al grupo de todos los males que aquejan al Gobierno . Y sostiene que eso puede derivar en hechos de violencia contra directivos o periodistas del grupo. Por ello, se pide que se investigue si una serie de acciones y declaraciones de funcionarios y periodistas, que acusaron a Clarín y a sus directivos de generar un clima de desestabilización, tienen detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva.
En la presentación se afirma que la campaña contra el grupo se agravó el 3 de octubre, cuando diversos funcionarios "sugirieron que detrás de las protestas" de las fuerzas de seguridad que salieron a la calle a hacer sus reclamos salariales e, incluso, detrás del secuestro del testigo del caso Mariano Ferreyra, están directivos y periodistas del Grupo Clarín".
En la denuncia, que apunta por igual a periodistas y funcionarios, a los que se califica bajo el rótulo común de "principales propaladores del mensaje gubernamental", se mencionan, entre otras, expresiones de los periodistas Sandra Russo (Televisión Pública), Roberto Caballero (Tiempo Argentino) y del relator de Fútbol para Todos Javier Vicente. Según se detalla en el escrito, este último dijo: "Fútbol para Todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo. Cadena con fecha de vencimiento: 7 de diciembre ".
Luego de que la denuncia tomara estado público, se multiplicaron las críticas contra la presentación, incluso de parte de algunos periodistas del Grupo Clarín, como Joaquín Morales Solá, Ernesto Tenenbaum, Nelson Castro y Samuel "Chiche" Gelblung. Radio y Televisión Argentina, que agrupa a la TV Pública y Radio Nacional, manifestó su "más firme repudio ante la denuncia penal". El diputado Agustín Rossi dijo que Clarín quiere "mantener su posición hegemónica"; el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) le pidió al Grupo Clarín que "retire" la denuncia contra los periodistas; la diputada Victoria Donda (FAP) afirmó que se intenta "judicializar" una "simple discusión o posición política" de periodistas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció que asumió la defensa penal de los periodistas.
Ayer, en la sede del CELS, que preside Horacio Verbitsky, se ofreció una conferencia de prensa con los periodistas denunciados. "Esto es claramente una marcha atrás", dijo Verbitsky, sobre la presentación que hará hoy Clarín.