Un reconocido martillero de Rosario quedó detenido tras ser sindicado como el jefe de una asociación ilícita conformada por un juez, su secretario, y tres abogados del foro local.

Le imputan pergeñar estafas para absorber fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal de Rosario. Como sufrió una descompensación al enterarse que la policía lo buscaba, permanece internado con custodia policial en un instituto médico. Un empleado del banco, que desde un principio se sospechaba que suministraba información confidencial de las cuentas, quedó ahora también sospechado, fue identificado y citado a prestar declaración indagatoria.

La detención del martillero Oscar K. se dispuso en el marco del caso donde se investiga la presunta comisión de delitos económicos. El profesional está seriamente comprometido en maniobras defraudatorias contra el Banco Municipal junto al juez Civil y Comercial Alejandro Martín, su secretario, Ricardo Lavaca y los abogados Luciano G.M., Jorge H. y Martín S. Salvo el último, que fue beneficiado por los trámites recientes y quedaría desvinculado de la causa, al resto se los acusa de inventar juicios ejecutivos falsos para llegar al dinero depositado en cuentas judiciales inmovilizadas en la entidad financiera, que informó acerca de las irregularidades en noviembre de 2012 tras hacer arqueo y seguimiento de los saldos.

Se detectaron que los oficios con las órdenes de pago originaron 57 movimientos (por un total de 1 millón 50 mil pesos) la mayoría con la firma del juez Martín.

Cada uno a su turno al momento de ser imputados se despegó del hecho. Pero H y G. M. fueron convocados a una ampliación de la declaración indagatoria.

Ante la jueza de Instrucción a cargo de la pesquisa, Mónica Lamperti, y el fiscal Nº 3, Carlos Covani, imprevistamente reconocieron su participación en las maniobras y pusieron en cabeza del martillero K. la organización de la presunta asociación ilícita que orquestó los fraudes.

Dijeron que el rematador tenía "contactos" con un empleado del banco a través del cual obtenía información para detectar las cuentas inmovilizadas. A partir de allí, se organizaban los juicios falsos con el indispensable aval del Juzgado Civil y Comercial Nº 17, a cargo de Martín.

Según le dijo a este diario Covani, los dos letrados también fueron contundentes al precisar: "Nosotros del juzgado podíamos sacar lo que quisiéramos", en referencia a una pregunta puntual que les hizo la jueza sobre cómo obtenían los oficios para tramitar el cobro de los fondos.

Uno se despega. También aportaron que su colega S. —quien en una sola oportunidad cobró un oficio— nada tiene que ver con el ardid. Dijeron que el profesional realizó esa única vez el trámite como un favor, y lo despegaron del grupo.

Después de escuchar esos testimonios, el fiscal solicitó a la jueza que ordene la urgente prisión preventiva del martillero, a quien le agravó la imputación como jefe de la organización ilícita.

Así, sobre las 19 del martes, una comisión policial se presentó en el domicilio particular del profesional, donde no fue hallado. Paralelamente, se allanó su estudio profesional (San Lorenzo al 900), pero tampoco estaba allí, aunque se secuestró documentación y una computadora. K., en tanto, tras enterarse que iba a quedar detenido, habría sufrido una descompensación cardíaca que obligó a su internación en un instituto médico de Oroño al 400.