Tras la confirmación dada por la Cámara de Apelaciones de Rafaela, de vuelta a foja cero de la causa “Ecos”, la diputada Griselda Tessio manifestó su consternación frente al error judicial que malogró el proceso investigativo.

En efecto, si bien el principal imputado en la causa fue condenado a tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para conducir en 2011, al no habérsele tomado declaración indagatoria, la Cámara de Rafaela debió anular lo actuado.

El fallo unánime del Tribunal recuerda con claridad que ante un error de estas características la pena resulta arbitraria y el derecho de defensa garantizado constitucionalmente y por los Tratados Internacionales a los que nuestro país ha adherido, seriamente vulnerado.

Los resabios de un sistema obsoleto e inquisitivo, no solo en las formas sino también en el proceder de algunos funcionarios son de extrema gravedad para un avance hacia un procedimiento superador.

En definitiva, situaciones como la presente ponen de manifiesto la urgente necesidad de implementación del nuevo sistema de justicia, en donde el contralor de la acción penal está en manos del Fiscal, quién es el garante ante la sociedad de la legalidad del proceso.

Realizados legítimamente los concursos, enviados los pliegos de fiscales y defensores a la Legislatura se torna inexplicable entonces la no aprobación de los mismos, lo que no redunda más que en situaciones como las que motiva esta reflexión.

A seis años de la tragedia que costó la vida de nueve estudiantes y una docente, se torna imperiosa la implementación del sistema acusatorio previsto en el Nuevo Código Procesal Penal que mediante la oralidad evite estas gravísimas frustraciones procesales.