Con una gran movilización a Plaza de Mayo y un megafestival, el Gobierno espera hoy opacar el fallido 7D. Al público no saldrá, sin embargo, la feroz interna que se desató dentro del Gabinete para ver quién paga el costo político de la derrota. Los cañones apuntan al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. ¿La eventual sanción? Un recorte en el poder de las funciones que tiene hasta ahora.

El evento, en tanto, intenta demostrar que el núcleo duro de Cristina Kirchner es mayor al que participó del cacerolazo del 8 de noviembre. En una singular interpretación, en el Gobierno evalúan que “en el cacerolazo eran todos opositores, pero sin un referente. Los que vayan mañana (por hoy) está claro que votan todos al kirchnerismo”.

La apuesta es fuerte. Se movilizará la militancia de Unidos y Organizados, que contiene a La Cámpora, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, Miles y Tupac Amaru. La agrupación de Milagro Sala promete llevar cinco mil personas al centro de la Capital Federal. Para el acto, organizado por Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, fueron convocados todos los ministros. De la cantidad de público que haya dependerá la presencia de Cristina Kirchner y un eventual discurso. En principio se informó que se sumaría a los festejos alrededor de las 21.

Será el cierre de una semana pésima para el Gobierno. Su aspiración de aplicar la Ley de Medios se vio frustrada por la decisión de la Cámara Civil y Comercial de extender la cautelar que protege al Grupo Clarín de la desinversión. La Sala I dictó el fallo en medio de una reacción dura de la corporación judicial contra el Ejecutivo por supuestas presiones.

Dentro y fuera del Gobierno atribuyen el traspié judicial a una estrategia fallida. “Ante el inminente fallo de la Cámara, el ministro Julio Alak impulsó una recusación masiva y habló de alzamiento contra una Ley del Estado, eso enfureció hasta la Corte. Fue un error”, explicó una fuente judicial a PERFIL.

Ante la desesperación, dicen algunas versiones, el Gobierno analizó como un caso extremo intervenir la Justicia. Esas ideas habrían emanado de una mesa chica de la que habrían participado, además de Alak, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, miembro de La Cámpora. Alvarez responde a Eduardo “Wado” de Pedro, de línea directa con la jefa de Estado, y tiene una pésima relación con Alak. Claro que ante el fracaso, el kirchnerismo antes más que reconocer, redobla la apuesta. La bronca de Cristina, sin embargo, no está dirigida al ministro de Justicia sino al jefe de Gabinete, mentor del operativo 7D, para el que invirtió –según fuentes oficiales– treinta millones de pesos en publicidad.

El titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) también quedó en offside. Un día antes de la extensión de la cautelar festejaba la presentación voluntaria de un socio de Clarín en Cablevisión para adecuarse a la ley. “Me voy a quedar hasta las 12 de la noche para recibir las propuestas de todos los grupos”, anticipó ese día, contento por lo que había sido una suerte de golpe al multimedios más grande del país. Pero la fiesta se aguó con el fallo de la Cámara Civil y Comercial.

Round por round. La batalla judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín es como una pelea de box, no se termina hasta que suena la campana. El Ejecutivo pega, el multimedios responde. Aunque esperan otro fallo adverso de la Corte Suprema, como adelantó ayer PERFIL, se preparan para ganar otro asalto: el del fallo de fondo. El juez Horacio Alfonso fallaría en los próximos días y posiblemente en plena feria judicial, cuando las posibilidades de apelación suelen ser menores porque los jueces de guardia no pueden tomar medidas contundentes. Además, la apelación la debería analizar primero el propio juez y para eso se puede tomar un tiempo. “En esa ventana de tiempo, mientras el juez estudia la apelación, el Gobierno va a querer aplicar la ley, como intentó el 7D”, explicó una fuente judicial a PERFIL. Puede ser un operativo relámpago, que le permitiría al kirchnerismo avanzar con la Ley de Medios contra Clarín.

Alfonso debe resolver si la desinversión de licencias es constitucional o no. Todo indica que esa sentencia va a ser favorable al Ejecutivo.