El informe global sostiene que Argentina "encara desafíos en varias dimensiones del gobierno de la ley", presentando debilidades en los mecanismos de rendición de cuentas, es decir, cuestiones que afectan a la independencia de poderes, transparencia, y calidad de la Justicia.

Ello se explica en parte por el "pobre desempeño de las agencias gubernamentales en la investigación en casos de mal comportamiento" de funcionarios públicos, como a las "interferencias políticas" en el cumplimiento de la ley y la justicia.

El estudio, que tuvo la colaboración de distintos especialistas y organismos para cada Estado, recaba la información de 97 países en lo que refiere a límites al poder ejecutivo, seguridad, corrupción, derechos, cumplimiento de las regulaciones, justicia civil y justicia criminal, y gobierno abierto.

La Argentina (ver gráfico) obtuvo una baja calificación en límites al poder Ejecutivo: se posicionó en el lugar 70 entre el total de los 97 países. En tanto, está 11 de los 16 Estados relevados de América Latina. El índice evalúa la capacidad del Parlamento y de la Justicia en ejercer su rol de contrapeso, y mide la obediencia de la administración gubernamental a las leyes e instituciones.