Este es el documento con la postura institucional del Colegio de Abogados entregado esta mañana a la prensa por las autoridades locales de la entidad.

Los Colegios de Abogados son instituciones indispensables para un correcto funcionamiento del Servicio de Justicia. No defienden intereses corporativos y son instrumentos de equilibrio entre el Poder Político y el Poder Judicial. De allí la importancia que se mantengan ajenos a cualquier interés que no sea el de cumplir con los objetivos que la ley les ha fijado.
El Directorio del Colegio de Abogados de Santa Fe, Primera Circunscripción Judicial, mediante este documento hace pública su Postura Institucional 2012 respecto a los temas más relevantes del año relacionados con el Servicio de Justicia.

Necesidad de un Poder Judicial independiente:
Sobre este aspecto en particular se manifiesta la creciente preocupación por los reiterados sucesos que menosprecian y atentan contra la independencia del Poder Judicial, pilar indispensable del sistema republicano.
La defensa irrestricta del orden democrático nos impone el deber de pronunciarnos, pues la calidad institucional es obra de todos los actores sociales, más aún, teniendo en consideración nuestra digna función de ser servidores del derecho, en pos de contribuir a la paz social.
Es por ello que bregamos para que la justicia obre sin sometimientos, temores ni sujeción a designios políticos partidarios, clamores populares o presiones de grupos corporativos.
La sociedad reclama gestos de grandeza de sus representantes, requiriendo que sus acciones se dirijan hacia el respeto por la división de poderes, en resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Las diferencias no pueden ser resueltas en el ámbito de las pasiones, sino que es la razón, el estricto apego a la ley y a la equidad, las que se deben aplicar en las contiendas.

Consejo de la Magistratura:
La sociedad debe extremar los recaudos y debe ser muy celosa en la selección de sus jueces. Y si bien compartimos la autolimitación del Señor Gobernador para sus designaciones, es necesario debatir en sociedad si el perfil del Juez academicista es lo que necesitamos en la provincia, estando obligados en un Estado democrático a evaluar principalmente la idoneidad, la probidad y el alto grado de compromiso y de entrega al trabajo específico en la Justicia que tengan los postulantes.
Hicimos pública nuestra preocupación por la dilación en los llamados a concursos a cubrir las vacantes en el Poder Judicial, como así también las injustificadas demoras en los procesos de selección, destacándose como un reprochable ejemplo el concurso para cubrir veinte Juzgados Comunitarios que lleva más de un año y medio sin resolución, entre los que encontramos juzgados de imprescindible y urgente cobertura como el de la ciudad de Recreo.
El actual sistema no constituye un verdadero Consejo de la Magistratura, como órgano plural en el que se diseña la política para la selección de magistrados, sino que estamos en presencia de un conjunto de reglas dictadas por el P.E. para regular los concursos, en el que la intervención de nuestro Colegio se limita a aportar jurados.
Por ello, en forma clara y abierta, reclamamos nuestra participación institucional en el Consejo de la Magistratura y no simplemente limitada a determinados aspectos coyunturales. Con ese objetivo hemos presentado notas y mantenido reuniones con el Ministerio de Justicia y la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, donde expusimos claramente la necesidad de crear un Consejo integrado por los distintos sectores del quehacer judicial.
A partir de estas premisas es razonable someter a discusión los distintos parámetros que deben valorarse para elegir un juez y los puntajes que corresponde otorgar. De otro modo, siempre la cuestión va a depender de los criterios más o menos lógicos que apliquen o juzguen apropiados quienes tienen a su cargo la elaboración de la norma.
A veintinueve años de la vuelta a la democracia y del Estado de derecho, ya no es posible desconocer la necesidad de contar con un Consejo de la Magistratura que seleccione los futuros jueces sobre parámetros que hacen a la idoneidad, honestidad y laboriosidad de los propuestos. Y creemos que los abogados, los magistrados y los demás operadores de la justicia, debemos integrar dicho órgano para poder efectuar aportes dirigidos a cubrir la imperiosa necesidad de instrumentar un sistema rápido, desburocratizado, transparente y democrático.

Demoras en la implementación del nuevo Sistema Penal:
Nuestro Colegio, uno de los impulsores de la Reforma Penal, participó activamente en la Mesa de Diálogo, denunciando el escaso avance en el proceso de implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal.
Resulta altamente preocupante que los titulares de los Ministerios de la Acusación y de la Defensa planteen que no cuentan con los recursos para funcionar y que el presupuesto 2013 asigne a los nuevos órganos de la Justicia Penal, menos de la cuarta parte de los recursos que esperaban. A esto se suma que finalizando el año nos encontramos con la falta de nombramiento de fiscales y defensores, carencia de empleados y de inmuebles, y la ausencia de sistema informático, sin el cual no se puede pensar en una Justicia del siglo XXI.
En contraposición a lo expuesto el Ministro de Justicia ha sostenido en nota del Diario El Litoral del miércoles 24.10.12 que “...el grado de infraestructura que se ha alcanzado es suficiente para arrancar”. Las distintas visiones respecto del estado actual de la Reforma es palmaria, pero a su vez alarmante si se advierte que estas diferencias las tienen aquellos que son actores principales y órganos fundamentales del nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal.
En aras de que el 2013 sea el año del comienzo de su implementación, sería necesario que entre los participantes de la Mesa de Diálogo se encontraran alternativas concretas para una rápida, correcta y segura implementación del nuevo sistema.
Por lo tanto, la fecha de la puesta en vigencia plena del nuevo código procesal no debe resultar de una decisión unilateral de ninguno de los poderes del Estado, sino que debe ser la resultante del cumplimiento de cada uno de los objetivos que permitan su adecuado y eficaz funcionamiento. De otro modo se corre el riesgo que derive en un fracaso y consiguiente frustración para toda la ciudadanía.

Carencias estructurales:
Directamente relacionado con la Reforma Penal se encuentra nuestro permanente reclamo por las carencias estructurales y edilicias del Poder Judicial. La demanda de este Directorio consistió en el pedido por espacios que sirvan para albergar los órganos previstos en la reforma procesal penal, además de la construcción del Centro de Justicia Penal, en el espacio contiguo del actual Palacio de Tribunales. En el mes de septiembre se efectuó una presentación al Ministro de Obras Públicas sobre el estado en que se encuentra el proceso licitatorio del Centro de Justicia Penal para la ciudad de Santa Fe, en el marco de la Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia, debido a que consideramos imprescindible procurar lograr un avance en la construcción de la obra en nuestra jurisdicción, puesto que la mayor dilación redunda en un déficit en el servicio de justicia, como asimismo, en un considerable detrimento del erario público sin una correlativa eficiente prestación.
Las carencias estructurales de la justicia santafesina, que con tanta insistencia denunciáramos, obtuvo un escaso resultado satisfactorio con la puesta en funcionamiento del Tribunal Colegiado de Familia Nº 5 en nuestra ciudad y el inicio de la reforma en los Juzgados Laborales.
Para la Justicia de Santa Fe el tema edilicio no es menor. Sus Juzgados se encuentran diseminados en más de media docena de edificios, lo cual conlleva graves trastornos que dificultan su normal funcionamiento, máxime considerando las notorias carencias que exhiben algunos inmuebles, como los Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual y los Tribunales de Familia. Estos últimos, no obstante haberse alquilado y refaccionado recientemente, son inadecuados para el fuero.
Seguiremos exigiendo la creación, entre otros, de dos Juzgados de Distrito en lo Civil y Comercial en la ciudad de Santa Fe, o bien especializados en concursos y quiebras. También por la estabilidad del personal asignado a Mesas de Entradas, con una categorización particular para tan trascendente función, que frene las permanentes rotaciones que tanto afectan al Servicio de Justicia.

Reclamos y presentaciones por mora judicial:
Valoramos el esfuerzo y el trabajo de la mayoría de los miembros del Poder Judicial, pero también reprochamos a quienes no brindan a la Justicia la dedicación que merece, ya sea por falta de apego al trabajo o por el cumplimiento de otras actividades, quizás legítimas, pero nunca de tanta responsabilidad social como el de impartir justicia en un Estado de derecho, donde quien tiene esa potestad debe sentirse honrado por sus conciudadanos por haber sido elegido para tan noble función.
Han sido públicos nuestros reclamos por la mora judicial y por el limitado esfuerzo que ponen algunos miembros del Poder Judicial, afectando la prestación del servicio de justicia, los derechos y garantías de los justiciables y la labor de los abogados. En el mes de mayo pedimos a la Corte que se adopten las medidas necesarias para superar la morosidad evidenciada por un Vocal de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, y en el mes de septiembre, se solicitó un pedido de informe respecto a la Sala I de la Cámara Laboral de esta ciudad.
No toleraremos la carencia de compromiso con el trabajo por parte de magistrados y funcionarios, pues con ese comportamiento no solamente menoscaban el Servicio de Justicia, sino que desalientan a aquellos que honran con sus sacrificios al Poder Judicial. La provincia de Santa Fe necesita Magistrados comprometidos con el mejoramiento del Servicio de Justicia, pilar básico del sistema democrático.

Enérgica condena a las derivaciones ilegítimas de trabajo profesional
La existencia de este entramado perverso de corruptelas tendiente a captar clientela, que tiene en los accidentes de tránsito a uno de sus principales exponentes, pero que no es el único, es y ha sido objeto de diferentes acciones conjuntas con el Colegio de Médicos y la colaboración del Ministerio de Seguridad y de la Dirección del Hospital Cullen.
Igualmente condenamos metodologías que impliquen apremios sobre las víctimas de esos accidentes o sobre sus familiares, principalmente cuando se conjugan con falsas promesas de resultados inmediatos o presionando sicológicamente a los afectados.
Finalmente, la crítica no puede ser menor cuando institucionalmente se procura clientela en contravención de lo que dispone el Código de Ética del Colegio de Abogados –ofreciendo servicios jurídicos gratuitos-, como herramientas institucionales que parecen más preocupadas por el clientelismo político en los barrios de la ciudad que por la real problemática que afecta a la comunidad.

Mediación:
A un año de la implementación de la Mediación Prejudicial Obligatoria sería conveniente y oportuno contar con estadísticas concretas que permitan efectuar un balance de su aplicación.
Si bien necesitará de un tiempo mayor para un análisis definitivo, entendemos que la valoración que pueda hacerse en el transcurso del año próximo servirá para decidir acerca de las correcciones y mejoramientos que puedan proponerse a la ley.

Justicia Federal:
Es conocida la problemática de la Justicia Federal. A los inadecuados espacios edilicios que tienen los abogados y el personal para trabajar, se suma la gran cantidad de expedientes que se tramitan, principalmente relacionados con los juicios de reajustes de haberes previsionales.
Por estas razones, teniendo además en cuenta la necesidad de dar una respuesta diligente a las causas judiciales relacionadas con el narcotráfico, presentamos ante el Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia de la Nación y la FACA el pedido de creación de un tercer Juzgado Federal, de Secretarías de Seguridad Social para los existentes y de la Cámara Federal para nuestra ciudad.

Autocrítica indispensable:
Sin perjuicio de lo expuesto, desde este Colegio debemos dar el ejemplo con nuestra autocrítica indispensable, haciendo hincapié en que la práctica desleal de la profesión muchas veces tiene como destinatarios a los propios colegas y al Poder Judicial. Debemos revisar nuestras prácticas profesionales y tribunalicias alejadas de la ética, las destinadas a ganar tiempo y honorarios y nuestros litigios sinrazón. El mejoramiento del servicio de justicia es nuestro objetivo. En función de ello, no podemos negar que muchas veces somos los propios abogados quienes lo entorpecemos y, en algunos supuestos, resulta difícil esclarecer si lo hacemos por una errónea concepción del ejercicio profesional. Contribuimos así, con una mora judicial que perjudica, en primer lugar a la sociedad, al Poder Judicial, y en definitiva a nosotros mismos.