a aversión de los empresarios eléctricos a plantear reclamos por escrito hacia el Gobierno disminuye a medida que empeora su maltrecha situación de caja. Por lo menos así se traduce de dos notas que enviaron durante el último mes del año pasado las asociaciones que reúnen a las principales compañías del rubro al viceministro de Economía, Axel Kicillof, con un reclamo concreto: si no se implementan mecanismos que mejoren sus ingresos, no tendrán cómo hacer frente a los aumentos de salarios que les reclama el gremio de Luz y Fuerza, a cargo de Oscar Lescano.

El motivo de tanta efervescencia hay que buscarlo en una resolución del 27 de noviembre. Luego de golpear distintas puertas y amenazar con paros, Lescano logró que la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, firmara la resolución 1906 de la cartera que conduce Carlos Tomada. Establece que, a partir del primer día de este año, las empresas deberán convertir en remunerativo en los pagos a los trabajadores 2410 pesos "como incremento salarial definitivo para el año 2012".

De esa manera, obligó a incorporar al salario los $ 2000 de aumento no remunerativo que las partes habían acordado en 2012. Fue el resultado de entreveradas negociaciones. Por la falta de fondos en las empresas, por ejemplo, el Gobierno había tenido que cancelarles deudas que tenía con ellas a cambio de que otorgaran las subas y controlaran el reclamo gremial.

Tras la orden de remunerativización, las empresas aseguran que no cuentan con los fondos para hacerse cargo. Y se lo hicieron notar al Gobierno por escrito, según los documentos a los que accedió LA NACION.

Las compañías que producen la electricidad, como Central Puerto (Miguens-Bemberg), Costanera (Enel) y Loma La Lata (Pampa Energía), fueron las primeras en alzar la voz a través de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera). A diferencia de épocas en las que se habían inhibido, por temor a represalias oficiales, de plantear reclamos por escrito, le enviaron una nota al viceministro de Economía, Axel Kicillof, el 5 de diciembre. En ella reclaman la reinstauración de un "acuerdo de generadores" que el Gobierno interrumpió a principios de 2012. Por ese convenio, las centrales eléctricas recibían mejores ingresos. Justifican: "La implementación de esta medida resulta imprescindible para que las empresas generadoras puedan hacer frente, en el corto plazo, al pago de sueldos y cargas sociales, y los costos operativos necesarios para el desarrollo de la actividad".

La nota lleva la firma de Gabriel Ures, presidente de la asociación, y se envió con copia a Patricia Charvay, una de las manos derechas de Kicillof, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y la propia Rial.

Las prestadoras del servicio eléctrico a los clientes domiciliarios, como Edesur y Edelap (La Plata), fueron las últimas en sumarse al reclamo. El 20 de diciembre, Osvaldo Rolando, presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), que reúne a 45 empresas en todo el país (Edenor no forma parte), le puso su firma a una escueta nota dirigida a Kicillof con reclamos similares a los de los generadores. Recuerda que a finales de octubre le manifestaron por carta al funcionario su preocupación porque en ese momento había 14 empresas que "se encontraban en mora con Cammesa [la administradora del mercado eléctrico], producto de no contar con recursos suficientes para abonar en su totalidad la factura por el abastecimiento de energía".

Y atacaron la última normativa del despacho de Rial: "Vemos que la implementación de esta nueva resolución de la Secretaría de Trabajo impactará como mayores egresos en las distribuidoras afectadas", sostiene el texto.

Los jefes del sector están convencidos de que no podrán otorgar ajustes salariales sin una recomposición de ingresos en un sector que ya anticipó sus ambiciones. Aunque aún no hizo un solo planteo con respecto a las paritarias de 2013, Lescano fue uno de los primeros en marcar la cancha en la primera semana del año. Repitió su planteo ante la consulta de LA NACION: "Aceptamos fijar una pauta de aumento del 20 por ciento [como informalmente propone el Gobierno], pero si las empresas se comprometen a reabrir las negociaciones más adelante en el año", sostuvo con picardía..