Los bloques de la oposición en el Congreso criticaron ayer con dureza el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional e Irán para que los acusados por el atentado a la AMIA puedan ser interrogados en ese país, y dejaron en claro que no acompañarán la votación parlamentaria que debe validar el documento. Para la UCR, el Frente Amplio Progresista (FAP), el Frente Peronista y el PRO, la decisión del Gobierno implica una “cesión de soberanía” que consideraron “vergonzosa e inconstitucional”. Sin embargo, más allá de estos rechazos, el oficialismo podrá aprobar el entendimiento sin problemas, apoyándose en sus mayorías en ambas Cámaras.

El documento que firmaron el domingo en Etiopía el canciller Héctor Timerman y su par iraní, Ali Akbar Salehi, establece que el acuerdo para permitir que los acusados sean interrogados en Teherán por una comisión de juristas solo entrará en vigencia cuando sea aprobado por los respectivos parlamentos. En ese punto, el documento respeta el anuncio que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, cuando aceptó iniciar las conversaciones con Irán, aunque insistiendo en la propuesta argentina de que los imputados sean juzgados en un tercer país. Aquella noticia había sido bien recibida por la oposición, que ante el acuerdo difundido el domingo cambió de opinión. El cuestionamiento central de los opositores es la aceptación argentina de que los acusados sean interrogados en Teherán.

La UCR difundió una declaración institucional en contra del documento, firmada por el titular del partido, Mario Barletta, y los presidentes de los bloques legislativos, José Cano y Ricardo Gil Lavedra. “Se trata de un acuerdo opaco, vergonzoso e inconstitucional, que se celebra tras varios meses de negociaciones secretas”, enfatizaron los radicales y advirtieron: “De aprobarse, la Argentina estaría cediendo su jurisdicción, de un modo que no reconoce precedentes”.

Además, para el jefe de la bancada de diputados de esa fuerza, la decisión constituye “un desmérito” al Poder Judicial nacional.

En la misma línea, el senador Ernesto Sanz se preguntó si Rodolfo Canicoba Corral, el juez de la causa, fue consultado antes de firmar el acuerdo. “Da la impresión que fue ninguneado por un gobierno apurado por mostrar gestión y abrumado por errores consecutivos en política exterior, económica y de seguridad interior”, señaló el mendocino.

Al igual que la UCR, el FAP criticó con dureza el anuncio oficial. “Lo firmado por la Cancillería es una cesión de soberanía y un atropello a la Justicia de la Argentina”, cuestionó el líder de esa fuerza, Hermes Binner, quien enfatizó que “hay personas involucradas o presuntamente involucradas que no pueden ser juzgadas en otro territorio que no sea” el nacional. Su aliada Margarita Stolbizer agregó: “Disfrazan de logro lo que a todas luces es un fracaso. Interrogar a los acusados en Irán es darles garantías de sobra a su favor”.

Para el santafesino Carlos Carranza, del Frente Peronista, el documento es “una nueva claudicación, en este caso en materia de soberanía política y jurídica”. Mientras que para la macrista Laura Alonso, “significa sellar la impunidad con Irán a través de un acuerdo absurdo” porque, según la diputada, “ningún país democrático puede acordar investigar un hecho violatorio de los derechos humanos esenciales con quienes están imputados”.