En diálogo con LT10, Daniel Ostropolsky, representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura nacional, expresó que “si nos circunscribimos a lo que dijo la presidenta ante el Parlamento, con este proyecto se desnaturaliza la esencia del órgano Consejo de la Magistratura. La presidenta en su propio discurso no recordó que en la reforma Constitucional de 1994 ella estaba en contra de la creación del Consejo de la Magistratura. Y cuando era senadora promovió la ley que redujo sustancialmente el número de miembros y alteró el equilibrio entre los poderes de representación política, los jueces y los abogados”.

Además, Daniel Ostropolsky agregó que “con aquella norma se mantuvo la proporcionalidad de la representación política del oficialismo pero redujo a la mitad a la oposición. En estos momentos hay 6 representantes políticos sobre 13 integrantes. Si a esto le sumamos la elección popular de los integrantes, de lo que quería la Constitución no queda absolutamente nada”.

“¿Cómo se eligirían los integrantes del Consejo de la Magistratura por voto popular? ¿Cómo hace un abogado del interior del país, como es mi caso, para lograrse hacerse conocer en todo el ámbito nacional sin el apoyo de los partidos políticos? Por lo tanto, se deja de ser representante de los abogados o de los jueces para ser representante de un partido político”, se preguntó el representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Consultado sobre qué ocurriría con los integrantes del Consejo de la Magistratura con un juez que investiga a los integrantes del gobierno, Daniel Ostropolsky sostuvo que “se supone que los jueces tienen que ser independiente. Ahora, es evidente que recurrir para la elección como consejo a los partidos políticos va a generar una serie de vínculos que son incompatibles con un juez”.

Sobre el actual funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura de la Nación opinó que “el Consejo no está funcionando bien por la preeminencia de una de las representaciones en contra de los demás. El consejo funcionó muy bien desde el 1998 hasta hace algunos años. Con la reforma que introdujo la presidente cuando fue senadora el Consejo comenzó a funcionar mal. El problema comenzó cuando se rompió el equilibrio”.

Por su parte, Ricardo De Felipe, presidente de la Federación de Colegios de Abogados, manifestó que “estamos muy preocupados por el anuncio de la presidenta. Esta situación va a ser materia de debate en un encuentro del 15 de marzo en Río Negro. Pero ya adelantamos que pretender cambiar el sistema de elección de los abogados o los jueces a través del voto popular es inconstitucional. Esto distorsiona la finalidad del Consejo de la Magistratura. Esto significa politizar totalmente la Justicia y terminar con la independencia de la Justicia”.