Ante la campaña publicitaria de ANSES por distintos medios de comunicación e inclusive en su propia pagina web llamada “NO TE DEJES ESTAFAR”, el Colegio de Abogados de Santa Fe, Primera Circunscripción, en defensa de las incumbencias profesionales de sus colegiados manifiesta y hace saber a la población lo siguiente:

Que reconoce la actividad desarrollada por la Administración Nacional de la Seguridad Social tendiente a facilitar a la ciudadanía la posibilidad de efectuar los tramites por ante sus oficinas de manera gratuita y celebra que se logren mayores avances en el otorgamiento de los beneficios de nuestros adultos mayores. Pero debe reconocerse que todo ciudadano es libre de contratar los servicios de un Abogado, cuando le interesa que se ejerza un control o defensa de sus derechos.

No debemos olvidar que ANSES puede asesorar, pero es quien otorga y liquida el beneficio, por lo que el individuo se encuentra en situación de desigualdad frente a la administración.

Asimismo cuando el particular encuentra negado o vulnerado alguno de sus derechos, recurre a un profesional para que actúe en defensa de los mismos, por lo que consideramos que como en cualquier otra rama del derecho, en la seguridad social también es el abogado el único capacitado para proteger el interés jurídico del individuo, que se encuentra en juego en el procedimiento administrativo y/o judicial. Implica la protección del derecho constitucional de defensa y del debido proceso y naturalmente debe percibir una retribución en contraprestación de los servicios brindados.

No podemos desconocer que los jubilados logran el reajuste de sus haberes previsionales mediante la intervención de un abogado, dado que la administración se los deniega en la primera actuación. También logran el otorgamiento de un beneficio que por derecho les corresponde y que le es negado por ANSES, ya que conocen las leyes y pueden actuar en las vías recursivas administrativas y judiciales.

Si bien los trámites por ante ANSES son gratuitos, las personas tienen la libertad de solicitar los servicios profesionales, por encontrar inconvenientes para realizarlos por sí mismos o decidir voluntariamente otorgar poder a un Abogado para no tener que participar en su gestión. Por lo que ANSES carece de injerencia en el convenio celebrado entre la persona y el profesional del derecho al cual ELIGIO LIBREMENTE recurrir. Asimismo debe abstenerse de intervenir en la retribución convenida. La función de ANSES es asesorar sobre los trámites y servicios que puede brindar.

El ejercicio de la abogacía no puede verse afectado por las personas que se hacen llamar “asesores o gestores jurídicos”, tarea que efectúan en muchas oportunidades de manera inescrupulosa ante los mismos empleados de ANSES. Por ello, quienes ejercen nuestra profesión de manera decorosa y honesta, se han visto atacados por una campaña masiva de desprestigio que siembra un viso de sospecha general respecto de los abogados. ANSES cuenta con los elementos necesarios para actuar en cada caso concreto que detecte, poniéndonos a disposición para los supuestos en que se encuentren involucrados nuestros colegiados.-

Los profesionales de la especialidad se encuentran debidamente autorizados e inscriptos en ANSES. Por ello es necesario que la población conozca que los Abogados y procuradores son los únicos profesionales que pueden gestionar y ser apoderados ante el organismo previsional (Ley 17.040).

En definitiva, el organismo administrativo previsional no puede tomar medidas que dificulten o impidan el ejercicio de la profesión a los abogados que, como apoderados, concurren a sus reparticiones a cumplir con el mandato otorgado. Si ello ocurre, se agrede el derecho protegido constitucionalmente en el Art. 14 de nuestra Constitución Nacional.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Directorio del Colegio de Abogados de Santa Fe, ha solicitado audiencias con las autoridades de la Dirección Regional de ANSES y se ha puesto a su disposición para trabajar en conjunto en aras de evitar maniobras que perjudiquen a los ciudadanos y desprestigien la profesión, recomendando a la ciudadanía que antes de firmar cualquier documento, incluso aquellos que deban ser firmados ante autoridades públicas, consulten con su abogado de confianza.