Declaración de los diputados provinciales de Unión PRO Federal ante la Asamblea Legislativa para designación de fiscales y defensores.

Durante todo este tiempo hemos llevado a cabo una tarea responsable y concienzuda, con aciertos y errores, pero siempre con buena fe y con un verdadero espíritu de colaboración para que se logre una buena administración de Justicia en Santa Fe, garantizando siempre la gobernabilidad, aun cuando pertenecemos a la oposición.

Muchas veces hemos criticado a los gobiernos de Hermes Binner y Antonio Bonfatti –siempre de buena fe- en el entendimiento que han establecido un sistema de selección de jueces que no elige a los más aptos para desempeñar el rol de la administración de justicia para el que concursa, sino que privilegia a aquellos que están abocados a la enseñanza o el estudio del derecho pero no a su ejercicio diario que es lo que habilita verdaderamente a un candidato a ejercer eficazmente ese rol.

Además, hemos criticado y lo seguiré haciendo, mientras ocurra, esa práctica del gobierno socialista de proponer para cargos del poder judicial a funcionarios que han pasado por el Poder Ejecutivo, aún en lugares de organización de los concursos para vacantes en el Poder Judicial, claramente identificados políticamente y que gozan de una posición de privilegio a la hora de concursar, desequilibrando la balanza de los concursos en su favor y rompiendo así el tan preciado principio de igualdad y transparencia.

Es que a los casos de funcionarios políticos del socialismo cuyos pliegos han sido remitidos para su aprobación en una clara falta de ética y de violación del principio republicano de división de poderes, se suman el de concursantes que no han alcanzado un mínimo razonable de 6,5 puntos en la calificación de sus exámenes, los que han sido retirados por el gobernador ante la evidencia que no resistían el más mínimo análisis. Y que con ese bajo puntaje (en algunos casos de 6, 5, y 4 puntos) el Poder Ejecutivo pretendió designarlos fiscales o defensores, a pesar de que el Fiscal General, doctor Julio de Olazábal había solicitado no se remitan postulantes que no hayan alcanzado 6,50 puntos en el concurso.

Creemos que es más que evidente que la inseguridad campea en la provincia y en el país y que no se trata de una sensación sino de verdadera y cruda inseguridad que se lleva la vida y los bienes de gente inocente.

El flagelo de la droga, la trata de personas, los robos violentos, los desmanes en espectáculos deportivos, los asesinatos, entre otros son delitos que merecen un tratamiento responsable por los tres poderes del estado.

Pero si a eso le sumamos el nombramiento de fiscales que, como lo dijera un postulante en su entrevista cuando se le preguntó cómo encararía su función, van a estar más preocupados por convencer a la víctima que debe perdonar y comprender a su victimario, no hay policía por honesta que sea que logre garantizarnos nuestra seguridad.

Hoy, ante tan compleja situación –y vale ver los índices- se requieren de fiscales idóneos, capacitados y con valentía para perseguir, investigar y enviar a juicio a los delincuentes.

En resumen, nuestro voto no va a ser de aprobación de los pliegos remitidos por el PE, en algunos casos por haber sido funcionarios del gabinete del gobernador Hermes Binner y de su ex ministro Héctor Superti y otros no lo iban a ser por los exiguos puntajes que habían obtenido en el concurso, tal el caso de los pliegos retirados, con la excepción de una profesional del derecho que tuvo una destacada actuación en causas vinculadas a los derechos humanos.

Pero más allá de la consideración de estos pliegos, unos objetados por su bajo puntaje y otros por manifiesta ligazón política con el mismo gobierno que los propone, seguimos insistiendo en la modificación total del sistema de selección, que no incluye a sectores trascendentes de la comunidad judicial y que privilegia claramente algunos valores sobre otros, y que a pesar de las promesas de modificación del mismo por parte del ministro Juan Lewis y de haber declarado públicamente que había atendido sugerencias de los legisladores, no hizo más que enviar a los mismos propuestos que en noviembre había retirado.

El mismísimo Defensor General Gabriel Ganón, funcionario con el que nos separan notorias diferencias metodológicas e ideológicas, ha expresado a la prensa que adecuando la actual estructura de fiscales y defensores se puede dar impulso a la puesta en práctica del sistema Procesal Penal tan esperado por la sociedad santafesina para ayudar en la lucha contra el flagelo de la inseguridad, y un altísimo funcionario de esta gestión nos ha admitido lo mismo, es por ello que no entendemos la insistencia, a esta altura ya casi caprichosa, de volver a recurrir con estas propuestas que, de antemano, se sabía iban a encontrar una cerrada resistencia.