En el primer día de congelamiento de precios a los combustibles que estableció el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a través de la fijación de topes máximos que las petroleras deberán aplicar a sus productos hasta las elecciones, se registraron aumentos en el mercado. La primera empresa en llevar adelante una suba fue nada menos que la estatizada YPF, que elevó sus precios –dependiendo el producto y zona–, entre un 7% y 10% el miércoles por la noche. Según pudo saber El Cronista, el mismo día además de la compañía que conduce Miguel Galuccio, la petrolera Oil también realizó un ajuste, en torno a un 4%. “Hace 45 días que no se tocaban los valores”, argumentaron en la empresa que pertenece al Grupo Indalo.

Según fuentes consultadas por este medio, Shell –considerada como una de las más afectadas bajo el nuevo marco regulatorio por tener los precios más altos del mercado–, podría llevar a cabo subas, bajo el paraguas legal que le ofrece el decreto 1277/2012. El propio presidente de la petrolera en la Argentina, Juan José Aranguren, lo dio a entender. En declaraciones a los medios calificó como “ilegítima” a la resolución de Moreno, al tiempo que advirtió que la medida será “difícil de aplicar”. El ejecutivo relató que la norma “está infringiendo un decreto que firmó la presidenta Cristina Fernández –en alusión al 1277/2012, con el que la jefa de Estado reglamentó la ley de Soberanía Hidrocarburífera– que establece que una ‘comisión‘ debe ser la que fije los precios máximos en el sector”. Para el titular de Shell la medida “como muchas de las que dicta el secretario es difícil de interpretar y mucho más difícil de aplicar. Nosotros estamos analizándola y cumpliremos en la medida en que tenga aplicación sobre la política comercial de la compañía”.

Aunque admitió los valores de sus productos “son superiores a los de algunos de sus competidores en gran parte de la Argentina”, Aranguren alertó sobre el verdadero alcance de la normativa y cuestionó que apunte verdaderamente a “tener un desarrollo energético sustentable en el país”. En el mercado no descartan que Shell busque todos los mecanismos legales que tenga a su alcance que le permitan seguir con su propia política de precios, aunque le cueste otro enfrentamiento con el Gobierno y a pesar de la amenaza oficial de aplicar la ley de Abastecimiento a quien no acate la medida. Y es que Aranguren fue el primer ejecutivo del sector en denunciar presiones de Moreno, quien pidió su prisión en unas 55 causas penales sobre la base de la ley de Abastecimiento. “En todas, fui absuelto”, había resaltado Aranguren en una entrevista publicada a principios de marzo último.


Pero las quejas también se sienten entre los propietarios y trabajadores de las estaciones de servicio. En el sector alegan que la resolución no es clara y abre un caos operativo. “Muchas estaciones sin bandera, lo que en la jerga se conoce como ‘blancas’ no saben a qué precio responder, cuál es su máximo, por ejemplo”, explicó a El Cronista una fuente sindical del que prefirió anonimato. “No sabemos qué precios otorgar”, coincidió otra fuente del sector. “El problema es que éste es un congelamiento para el usuario al que debemos venderle la nafta pero las petroleras, a su vez, nos venden a nosotros”, cuestionó. En tanto, en los surtidores entienden que la norma “complica la negociación paritaria” que están llevando a cabo.
Por su parte, en Shell también habían explicado que la empresa “vende a sus estaciones de servicio el producto” pero también lo hace a otros lugares de expendio, los que, a su vez, “determinan el precio de reventa”, derivando en una “distorsión de valores en el mercado”.
Entretanto, mientras los estacioneros reclaman un encuentro con funcionarios para que expliquen “la letra chica” de la medida, ayer el tema fue abordado en una reunión convocada en la Secretaría de Energía en donde se citó a todas las petroleras. Allí también se analizaron alternativas para garantizar el máximo volumen de combustibles en el mercado, a raíz de el incendio que sufrió la mayor refinería del país, la que YPF tiene en La Plata. Para ayudar a la petrolera estatal con las pérdidas que registrará en su producción debido al incidente, se planteó sostener al máximo el nivel operativo de las refinerías y organizar las paradas productivas.