Farándula, dinero negro que se pesaba en lugar de contarse, empresas offshore, obra pública y en medio de todo, una de las últimas personas en hablar con Néstor Kirchner.

Como era de esperar, la denuncia contra el empresario santacruceño Lázaro Báez por lavado a través de la de la financiara SGI de Madero Center, el mismo edificio donde vive el vice Amado Boudou, abrió un sinfín de repercusiones, desde reclamos opositores hasta nuevas causas judiciales. También era previsible que la Casa Rosada, en base a sus antecedentes ante otros escándalos que salpicaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se llamara a silencio.

En cambio, quienes sí hablaron de la investigación del programa PPT fueron las famosas afectadas: la modelo Karina Jelinek, esposa del contador Leonardo Fariña, que admitió ser el testaferro de Báez; y la vedette Iliana Calabró, casada con Fabián Rossi, mencionado como el encargado de enviar los euros a Panamá .

Más allá de las declaraciones, los coletazos del informe de Jorge Lanata llegaron a Comodoro Py. La Justicia recibió ayer varias denuncias para investigar si el empresario kirchnerista “lavó” dinero en el exterior. En el Congreso la oposición también se motorizó: mientras un grupo de diputados reclamó la intervención de la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que depende de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.

Dos de las denuncias cayeron por sorteo en manos del juez federal Sebastián Casanello, nombrado hace seis meses en ese cargo , mientras que una tercera fue asignada al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien también está a cargo del caso del atentado a la AMIA, otra causa sensible para la Rosada en medio del pacto con Irán.

Encabezò la avanzada judicial la diputada Elisa Carrió (CC), quien cuenta con varias causas en su haber contra Báez, quien le llevó a Ercolini el fragmento del programa para incluirlo en su denuncia de 2008 sobre presunta asociación ilícita encabezada por Kirchner e integrada por varios funcionarios y los empresarios K Báez y Cristóbal López, entre otros. Ercolini envió las pruebas a una nueva investigación.

Al igual que la denuncia del abogado Ricardo Monner Sanz, por “blanqueo de dinero, sobrefacturaciones y asociación ilícita”, entre otras, terminó en el juzgado de Casanello.
Antes, la denuncia del letrado Alejandro Sánchez Kalbermatten, por encubrimiento y lavado de activos contra Báez y sus hijos Martín y Leandro, le había tocado a Canicoba Corral.

En tanto, los diputados Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña le pidieron al fiscal federal Carlos Stornelli que instrumente una serie de medidas, como detenciones y allanamientos, para investigar a Báez.

Desde el oficialismo esquivaron el tema, como el diputado ultra K Carlos Kunkel. “No es un tema político para que yo lo trate con seriedad”, se excusó. El único que atinó a responder fue el jefe de la bancada del Senado, Miguel Angel Pichetto, pero para desligar a Kirchner, no para defender al empresario: “No hay ningún elemento que involucre al ex Presidente”, dijo.
También Báez se refugió en el silencio, como siempre ha hecho el empresario cultor del bajo perfil que amasó su fortuna en el sur con Kirchner gobernador. Sus voceros apenas atinaron a contestar que están evaluando iniciar acciones legales.