Un paso clave de la reforma judicial que impulsa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo ayer sanción en el Senado, donde el oficialismo logró aprobar por 39 votos a favor y 31 en contra los cambios en el Consejo de la Magistratura. El texto establece la elección popular de los consejeros y amplía su cantidad, además de pasarle al organismo responsabilidades, facultades y recursos que hoy están en manos de la Corte Suprema. La oposición en conjunto votó en contra de la iniciativa, a la que consideró “inconstitucional”.

Al cabo de ocho horas de discusión, el Senado giró el texto a Diputados –que intentará darle sanción definitiva el miércoles próximo– y pasó a discutir otro proyecto oficial, para crear tres nuevas Cámaras de Casación.

Solo dos senadores estuvieron ausentes, el riojano Carlos Menem y la correntina Josefina Meabe.

Finalmente, y aunque sobre el cierre del debate el bloque que conduce Miguel Pichetto amagó con introducir cambios, la reforma del Consejo se aprobó tal como estaba. El Frente para la Victoria pretendía, entre otras cuestiones, habilitar la reelección por un período consecutivo de los consejeros; pero ante el enojo de la oposición por el aviso sobre la hora y luego de consultar con la Casa Rosada, desistió de esa intención.
“
La sociedad está asqueada. Nosotros también. Vamos a rechazar todos los proyectos que han ingresado por el Senado. No es poder para el Estado, es poder para el Gobierno”, cuestionó el radical Ernesto Sanz sobre la modificación al organismo que designa y remueve a los jueces. Su compañero de bloque Gerardo Morales agregó: “Acá hay una matriz de pensamiento del gobierno nacional que se sostiene en la búsqueda del poder total.
Calcularon que van a sacar un voto más en las elecciones y se van a llevar todo puesto”.
Se refería al sistema de elección de los consejeros (que pasan de 13 a 19) en listas partidarias que no se repartirán los lugares en forma proporcional, sino que la que gane se quedará con la mayoría de los representantes, mientras que la minoría será para el segundo. El Consejo quedará integrado por tres representantes de los jueces, tres senadores, tres diputados, un representante del Ejecutivo, seis académicos y tres abogados.
“
Esta ley muestra que el Ejecutivo tiene al Congreso de adorno. Esto es un golpe de Estado constitucional”, fustigó la puntana Liliana Negre; mientras que María Eugenia Estenssoro advirtió que con los consejeros dependiendo de boletas partidarias, el organismo “va a ser una comisaría política para controlar a los jueces y sus sentencias”. Coincidió con ella la salteña Sonia Escudero, que advirtió: “Con este proyecto, el Ejecutivo tendrá la llave de entrada y de salida de los jueces, y la vara de castigo con el jury”.

Además, los senadores opositores también cuestionaron el recorte de atribuciones a la Corte, a la que solo le quedará la administración de los fondos para su propio funcionamiento. El resto de las funciones de administración del Poder Judicial, como quedó definido en la reforma constitucional de 1994, pasará al Consejo. “Ningún Poder tiene que meterse a plantear la política de recursos humanos del Poder Judicial”, apuntó Morales.
“
Este proyecto pone a la soberanía del pueblo en el Consejo ¿Dónde está la inconstitucionalidad?”, cuestionó Pichetto en el cierre de la discusión y acusó a los opositores de tener “miedo a la voluntad popular”. “En la comisión hicieron el vacío. Hubieran venido a discutir”, los señaló y cerró: “Esto se vota con las presidenciales y, como creen que van a perder, no quieren la ley”.