Tres de los seis proyectos de ley redactados por el Gobierno lograron anoche media sanción en la Cámara de Diputados. Lo que desde la oposición consideraron como el “relleno” de la cuestión se trató en el recinto por diez horas y tuvo aprobación poco después de las 22, con 133 votos positivos y 109 en contra en el caso del ingreso democrático al Poder Judicial; 136 a favor y 106 en contra en cuanto a la publicación de las declaraciones juradas en Internet; y 140 a favor y 101 en contra respecto a la publicidad vía web de todas las causas judiciales .

La diferencia de votos entre los tres proyectos se dio porque –a pesar de las críticas al resto del paquete– los diputados Facundo Moyano, Omar Plaini y Blanca Blanco (Frente para la Victoria) votaron sólo en contra del que impulsa el ingreso democrático al Poder Judicial. Al proyecto de acceso a las causas judiciales adhirieron, además, en el bloque de Unidad Popular que lidera Claudio Lozano que no acompañó a todo el FAP.

Ahora, esta fracción del paquete se trasladará al Senado.

Las medidas representaban la parte más “light” del paquete judicial que diagramó el oficialismo, cuestionada por la oposición no tanto por su contenido sino por ser parte, interpretan, del propósito central del Gobierno: avanzar contra la Justicia.

Si bien hubo críticas y elogios, en la Cámara Baja se trató la reforma de manera más global, al punto de que en repetidas ocasiones los diputados se desviaron del eje central y opinaron sobre los proyectos que trataba en simultáneo el Senado.

Tras las cruces iniciales entre la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales Diana Conti y las diputadas Laura Alonso, del PRO, y Graciela Camaño, del Peronismo Federal, fue el titular de la Comisión de Justicia Jorge Yoma quien intervino y le dejó las primeras chicanas al bloque oficialista que hasta el año pasado integraba. “Buscan una revancha por fallos que no fueron de su agrado y para condicionar la libertad de conciencia”, opinó el legislador riojano que, además, reiteró que seguirá al frente de la Comisión de Justicia. “Ellos sabían de antemano que no pusieron a un recluta que cumple órdenes”, sostuvo.

El líder de Proyecto Sur Pino Solanas calificó la reforma judicial de “impostura” y también enfatizó en que las tres leyes centrales, que pasaron por el Senado esta semana, “lesionan seriamente el derecho de los ciudadanos a una justicia independiente”.

El peronista federal Felipe Solá, en tanto, dijo que “estas reformas son para la gilada, al cohete, para jorobar a la gente”. Como muchos de sus colegas, mezcló el temario y habló de la creación de las tres nuevas Cámaras de Casación que trataba anoche el Senado. “No sirven, no debería existir ni siquiera Casación Penal”, opinó.

Por la Unión Cívica Radical, uno de los principales oradores fue el ex candidato a presidente Ricardo Alfonsín, que pidió al oficialismo que “reflexione, porque está dando un paso grave que afecta seriamente a la República”.

Federico Pinedo, jefe de bloque del PRO, dijo que “lo que se busca es que el Gobierno saque y ponga jueces para que hagan lo que ellos quieran”. Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica, en sintonía con el pensamiento de Pinedo fue más allá. “Donde quiera que esté, Alfredo Yabrán estará sonriendo sobre aquella frase ‘el poder es impunidad’”, dijo, recordando los dichos del controvertido empresario fallecido en 1998. Por el kirchnerismo, el presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez resaltó que “los proyectos respetan todas las cláusulas de la Constitución”.

En el cierre, el jefe del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, dijo que “votaremos en contra porque no les creemos”, además de definir a los proyectos como de “relleno” e “hipócritas”.
Agustín Rossi, en representación del Frente para la Victoria, puntualizó los por qué de los proyectos y criticó a la oposición, entre otras cosas, por rechazar las reformas: “Votar en contra significa no permitir que la sociedad tenga acceso a las declaraciones juradas de los jueces”.

En otro orden, tras la votación, el oficialismo impulsaba el tratamiento del aumento de la cuota que paga Argentina al Fondo Monetario Internacional, medida que ya había sido aprobada en el Senado.