Todos los días ingresan a la Ciudad de Buenos Aires más de 9.000 colectivos truchos o combis, que en su mayoría no cuentan con permisos y trabajan sin respaldo hacia los pasajeros ante eventuales accidentes. De hecho, los siniestros en que participaron estas unidades durante la última década provocaron 750 muertes y más 2.000 personas que resultaron con distintas discapacidades.

Los datos surgen de un relevamiento, al que tuvo acceso Diario Popular, llevado a cabo por la Comisión Nacional de Víctimas del Transporte Público (CNVTP), cuyo titular, Martín Lescano, destacó que "el estudio toma casos documentados, de familias que terminaron absolutamente destrozadas, mientras esta actividad ilegal no para de crecer".

"Ya son 10 años de trabajo con los integrantes de la comisión. Nuestro objetivo principal es generar un profundo debate público, que sea tomado por el Estado en su conjunto, porque es necesario que se revean ciertos mecanismos permisivos y nocivos que rodean la actividad. La realidad es que tenemos un negocio enorme apoyado en la desidia y la falta de compromiso de las autoridades, pero en el medio hay cientos de familias que se quedaron sin nada y otras tantas que son potenciales víctimas", precisó Lescano. Según los datos arrojados por el relevamiento, las 750 víctimas fatales fallecieron en el marco de accidentes de tránsito registrados desde el año 2003 hasta el primer trimestre de 2013.

"Nosotros preferimos llamarlos directamente homicidios. Es una pelea en defensa del ciudadano y deberíamos estar todos en el mismo lado. Hay que trabajar mucho para desarmar los dispositivos mafiosos que están enquistados en este sector, que se aprovecha con total impunidad de los agujeros dejados por el Estado, tal vez preocupado por resolver otros temas que considera de mayor urgencia. Ya es tiempo de avanzar a fondo en esta pata", manifestó Lescano.

Los muertos fueron muchos, pero en el estudio también ingresan los heridos, cuya cifra asciende a más de 1.500 casos. "Se trata de gente que resultó mutilada, discapacitada para siempre. Muchos, la gran mayoría, no pueden trabajar. Perdieron sus empleos y, por supuesto, los ingresos. Los usuarios del transporte ilegal son gente humilde, trabajadora, que lucha por mantener su hogar. De golpe, se quedan sin nada. Y en ese abismo de marginalidad también caen sus familiares", explicó el titular de la CNVTP. "Nosotros seguimos los casos, y lo que vemos es desolador. Mujeres que perdieron a sus maridos y se ven obligadas a hacer cualquier cosa, o chicos que se quedan sin referentes y terminan volcados a la delincuencia o la droga. Pero también ciudadanos destrozados física y psicológicamente que quedan solos porque nadie los ayuda, no tienen contención, están atrapados sin salida", indicó.

Al detallar las razones del seguimiento al negocio del transporte ilegal, Lescano reiteró "la necesidad urgente que tienen centenares de personas, que no cuentan con ayuda económica tras sufrir verdaderas y tampoco contención psicológica" y agregó que "sufrir un accidente en estos vehículos, fuera de la ley, significa perder todos los derechos".

Se anima a investigar pese a las amenazas

Desde que comenzó a investigar la trama oculta detrás del negocio del transporte trucho, su titular Martín Lescano padeció toda clase de aprietes, amenazas y hasta causas armadas para perjudicarlo. "Me balearon el frente de mi casa, me dejaron proyectiles en el auto, me encerraron en la calle, me amenazan por teléfono, y una multitud de cuestiones, simplemente porque decimos que este negocio debe terminarse. Hicimos denuncias contra funcionarios, policías y barras de clubes de fútbol. Hay un jefe policial que denunciamos en Asuntos Internos, con fotos y videos, y sin saber esto nos quiso armar una causa falsa", sostuvo.