El kirchnerismo y sus aliados se preparaban anoche para aprobar en la Cámara de Diputados la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de tres Cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado, en una sesión inusualmente extensa que comenzó ayer al mediodía y se preveía que dure hasta entrada la mañana de hoy. Tras conseguir el quórum sin ayuda de la oposición, el Frente para la Victoria estimaba que no tendría problemas en sancionar los tres proyectos, aun con la mayoría especial de 129 votos que requiere el primero de ellos. Todos los bloques opositores rechazaron las iniciativas.

De conseguir el aval mayoritario, la reforma del Consejo volverá al Senado, para que esa Cámara avale los cambios que introdujo Diputados. Esas modificaciones giraron en torno de la Corte Suprema, que mantendrá en sus dominios la administración de los recursos y las designaciones de personal en el Poder Judicial. Originalmente, el proyecto kirchnerista pasaba esas funciones al Consejo. Los otros dos proyectos, en tanto, se convertirán en ley con la aprobación de la Cámara baja.

El oficialismo calculaba sumar entre 130 y 132 votos para la reforma de la Magistratura, tema que concentró la primera jornada de sesión. El salteño Alfredo Olmedo, que colaboró con el quórum, había anunciado que no acompañaría ninguna de las tres iniciativas kirchneristas; mientras que la catamarqueña Mariana Veaute no había dado pistas de su postura; y la salteña María Cristina Fiore anunció su apoyo, aunque con disidencias en el artículo 4, que dispone la postulación electoral de los consejeros. El resto de los aliados había anunciado su acompañamiento.

“Celebro que se hayan aceptado modificaciones y que queden en la Corte las facultades de superintendencia. Pero hay una cuestión en la que discrepo y lo voy a hacer en el tratamiento en particular. Creo que no podemos partidizar cuestiones vinculadas con el Poder Judicial”, explicó Fiore. Con su disidencia, se anticipaba un escenario más ajustado para el kirchnerismo en ese artículo.

La devolución de recursos y atribuciones a la Corte provocó nuevas denuncias de la diputada Elisa Carrió, quien aseguró tener “pruebas” de un “pacto por la caja” entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti. Según la fundadora de la Coalición Cívica, en la carta de los presidentes de las Cámaras Federales que la Corte remitió al Congreso –y a partir de la cual el oficialismo decidió cambiar el proyecto– “alguien” excluyó “justo el párrafo donde los jueces hablan de la transformación del sistema republicano en un sistema autoritario”. Esta denuncia le valió una respuesta casi inmediata del tribunal, que en un comunicado ratificó el envío de la misiva a la Cámara de Diputados y respaldó a Lorenzetti.
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No tengo dudas de la honorabilidad de cada miembro de la Corte Suprema”, le respondió riojano Jorge Yoma, que también habló en contra del proyecto oficial. Por única vez en la jornada, coincidió con su jefe de bloque, Agustín Rossi. “Lorenzetti era un juez probo cuando todos presumían que estaba en contra de la reforma. Ahora merece la diatriba. Carrió se debe haber enojado porque ella decía que le hacíamos perder independencia al Poder Judicial, y ahora parece que ni el propio Poder Judicial se siente perjudicado”, evaluó el santafesino. Y no se privó de cuestionar a la diputada: “Lleva el récord de denuncias nunca comprobadas”, subrayó.

Varios opositores hicieron referencia en sus discursos a la marcha contra la reforma que tenía lugar frente al Congreso (ver página 6). “Hoy las vallas que rodean a esta Cámara de Diputados son porque este pueblo movilizado no acompaña la mentira oficial. No se democratiza la Justicia si no se favorece el acceso a ella”, se quejó el frenteamplista Juan Carlos Zabalza. Su compañero de bloque, Claudio Lozano, agregó: “Acá no hay control popular sobre el Poder Judicial, lo que están planteando es control partidario”.

Coincidió con él Federico Pinedo, del PRO, quien evaluó que “el Gobierno plantea un mecanismo para que el poder político controle a los jueces”. La oposición concentró sus críticas en la ampliación del número de consejeros (el oficialismo propone llevarlo de los 13 actuales a 19) y en la disposición de que los seis representantes del sector académico, los tres abogados y los tres jueces sean electos por voto popular en boletas partidarias.
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La independencia del Poder Judicial está en juego”, aseguró el radical Ricardo Alfonsín. Por el Frente Peronista, Francisco De Narváez coincidió y señaló: “Estamos ante un momento peligroso de la democracia”.

El oficialismo rechazó esos argumentos.“Estamos abriendo las puertas de un poder oscurantista a toda la sociedad argentina, para que pase, opine y decida sobre lo que es suyo. La Justicia no es patrimonio solo de jueces y abogados”, enfatizó Stella Maris Córdoba, quien aprovechó además para responderle en muy duros términos al radical Oscar Aguad, que había acusado al Gobierno de solo querer al pueblo que viene “con choripanes y con ómnibus”. “Aguad tiene 600 millones de razones para bancar a las corporaciones y votar en contra de la reforma”, soltó.