La Relatora Especial de la ONU Gabriela Knaul exhortó al Gobierno de Argentina a que reconsidere los proyectos de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de medidas cautelares en el país.



“El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales”, recalcó hoy la experta independiente brasilera designada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para investigar e informar sobre la independencia de los magistrados y los abogados en el mundo.



“Al otorgar la posibilidad a los partidos políticos de proponer y organizar las elecciones de los consejeros, se pone en riesgo la independencia de los miembros del Consejo de la Magistratura, lo que compromete seriamente los principios de separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial, elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de Derecho”, subrayó la experta quien agregó que “la disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”.



Asimismo, los requisitos para ser candidato a Consejero se modifican sustancialmente y se reducen las mayorías necesarias para la adopción de decisiones relevantes, incluida para la remoción de jueces, sin posibilidad de recurso alguno.



“Hago un llamado a Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial”, dijo.



Sobre el proyecto de ley de regulación de medidas cautelares, la experta señaló que “el uso y el periodo de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado no pueden ser restringidos. En caso contrario, el acceso a la justicia no se encuentra plenamente garantizado”.



“Las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son contrarias a los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes”, alertó la Relatora Especial de la ONU.



En respuesta, el Gobierno argentino lanzó un comunicado a través de Cancillería, en el que expresó su "malestar ante el inusitado comunicado de prensa emitido por Gabriela Knaul, Relatora Especial de las Naciones Unidas, sobre la independencia de los magistrados y los abogados en el mundo”.



“Los términos del mismo se apartan no sólo de los estándares de ética profesional e independencia esperados del titular de un mecanismo especial como lo es la Relatoría, sino que por su falta de imparcialidad, mesura y equilibrio representa un desvío del mandato mismo encomendado a la Relatora”, continuó.



El resto del comunicado de Cancillería:



Resulta paradójico que quien ha recibido el mandato de proteger la independencia de magistrados y abogados, atropelle principios básicos del derecho, prejuzgando y adelantando conclusiones sin haber recibido las respuestas a las preguntas que planteó en la noche del viernes pasado al Estado argentino.



Menos de una hora después de haber recibido el pedido de información, la Cancillería contestó formalmente que todas las preguntas planteadas por la Relatora serían contestadas de inmediato tal como lo ha hecho en cada oportunidad en que le fue solicitado por dicho organismo.



No obstante la predisposición a cooperar de la República Argentina, dicha Relatora emitió un comunicado menos de 24 horas hábiles después de haber enviado el material solicitando respuestas a una serie de preguntas. Y más grave aún, emitió el comunicado sin contar con dichas respuestas. De esta manera convirtió a las Naciones Unidas en fiscal, juez y verdugo contra un país miembro.



Hoy, la Representación argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra mantuvo una reunión con Jane Connors, directora de la División de Procedimientos especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos manifestando el desagrado argentino por la inconducta de la Relatora en cuestión. Esta misma preocupación por la improcedente conducta de la Relatora es compartida por la Oficina de la Alta Comisionada, quien así lo ha transmitido al Presidente del Comité de Coordinación de Titulares de Mandato.



En el espíritu de cooperación que la Argentina ha demostrado con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y consecuente con su rol reconocido de liderazgo internacional en el ámbito de promoción de los derechos humanos, el Gobierno Argentino responderá a la Relatora Especial las inquietudes que le plantean proyectos de ley que se encuentran cursando tratamiento en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional.



Finalmente, la Relatora manifiesta su ignorancia o parcialidad política al recomendar un diálogo participativo e inclusivo con la sociedad y la comunidad jurídica. Seguramete desconoce que fue la propia sociedad civil quien propuso y obtuvo varios de los cambios que fueron incorporados a los proyectos en debate.



La posición de la Relatora es similar a quienes hoy desde la oposición claman por una supuesta ilegalidad pero que cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar la República Argentina votaron leyes con falsos diputados o con el supuesto pago de prebendas en lo que se llamó “Ley Banelco” (Reconocida tarjeta de débito). La Relatora parece desconocer que un grupo de la sociedad civil decidió manifestarse en las calles de Buenos Aires y a los cuales el poder Ejecutivo les garantizó la más absoluta seguridad tal como debe ocurrir en una democracia mientras que en dos marchas de protesta al gobierno del Dr. Fernando de la Rúa (hoy principal partido de la oposición y promotor de las mismas acusaciones que levanta la relatora) fueron asesinadas 32 personas por las fuerzas represivas.



En breve haremos públicas las respuestas que enviaremos a la Relatora Gabriela Knaul. Le sugerimos que utilice dicho tiempo para meditar si su actitud no la descalifica para seguir actuando en el tema en cuestión.