La presidenta Cristina Kirchner reglamentó ayer la nueva ley de declaraciones juradas de funcionarios, que, lejos de la pretendida transparencia para la función pública, obliga a los alcanzados a dar muchos menos datos que antes, no incluye a sus familiares e impide que organismos de control verifiquen su consistencia.

Lo que hace la norma, en cambio, es ampliar el universo de obligados a presentar las declaraciones juradas , pues además de los funcionarios de los tres poderes del Estado ahora incluye a los candidatos a cargos electivos.

El decreto 895, publicado ayer en el Boletín Oficial, indica que las declaraciones juradas serán iguales a las de la AFIP -no aclara si corresponde con la declaración de impuesto a las ganancias o bienes personales- y que las enviará a la Oficina Anticorrupción (OA). Estas declaraciones incluyen montos totales de ingresos y no un detalle desagregado de todas las fuentes de ese dinero. Por ejemplo, no está dada la obligación de declarar otros trabajos más allá del cargo de funcionario, otros ingresos por dividendos de sociedades o alquileres. De hecho, si esta ley hubiera estado en vigor en la última década el matrimonio presidencial podría haber declarado bienes por separado y nunca se hubiera revelado, por ejemplo, el monto percibido por alquileres o por intereses de plazos fijos.

Se aprobó un anexo con más datos, pero es reservado y sólo accesible mediante orden judicial.

El diputado Manuel Garrido (UCR) fue uno de los más férreos opositores a esta reforma de la ley de ética pública y dijo que "ahora los funcionarios tendrán más posibilidades de ocultar sus patrimonios". La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) declaró que el decreto es inconstitucional.