Repsol advirtió ayer que redoblará la presión judicial y diplomática para boicotear el acuerdo de inversión que YPF se dispone a firmar con la norteamericana Chevron para explotar el megayacimiento de Vaca Muerta. Lo hizo ayer, después de conocer un triunfo judicial simbólico en su disputa con la Argentina por la expropiación sin pago de sus acciones en la petrolera: un juzgado mercantil de Madrid aceptó dar curso a la demanda que Repsol interpuso contra YPF por "competencia desleal" y la unificó con otras querellas contra Chevron y Bridas, a las que los españoles acusan de buscar un beneficio "ilegítimo".

"Este fallo recuerda a los inversores internacionales que no respetan las reglas del juego que se las tendrán que ver con el imperio de la ley", dijo ayer el director de Relaciones Institucionales de Repsol, Arturo Gonzalo Aizpiri. Además, calificó la jugada de Chevron de "inaudita e inaceptable" y advirtió que la empresa seguirá gestionando ante la Unión Europea (UE) "acciones firmes" para sancionar a la Argentina y a la petrolera.

YPF anunció que firmará la alianza con Chevron el próximo martes; una operación que implicaría inversiones de 1500 millones de dólares para empezar la explotación del gigantesco campo neuquino, una de las mayores reservas mundiales de petróleo y gas no convencional.

Para Repsol equivale a otra declaración de guerra, que terminaría de congelar las señales hasta ahora fallidas que envió a Madrid en los últimos meses el gobierno kirchnerista en busca de saldar el conflicto por la expropiación y destrabar la inversión en Vaca Muerta.

"Europa necesita más poder para sancionar a empresas que se aprovechan ilícitamente de medidas arbitrarias de un gobierno, como está haciendo ahora Chevron", dijo el directivo de Repsol, durante la presentación de un informe sobre protección de inversiones en la UE en el que las acciones de la Argentina se tomaron como el caso testigo.

Repsol ha demandado a Chevron en tribunales de Nueva York y de España. La acusa de aprovecharse de información privilegiada sobre Vaca Muerta, obtenida mientras gestionaba con la propia Repsol -que descubrió el yacimiento- la posibilidad de firmar una alianza de inversión. Los norteamericanos se acercaron luego a la YPF argentinizada, sin tomar en cuenta el reclamo patrimonial de los españoles.

El fallo que se conoció ayer en los tribunales de Madrid puede reavivar la estrategia de presión contra Chevron. YPF había presentado un recurso para rechazar la demanda, en el que desconocía la competencia de los juzgados españoles para tratar la crisis derivada de la expropiación de abril de 2012.

Además de tomar el caso, el juez unificó las querellas contra Chevron y Bridas (de la familia Bulgheroni).

En ámbitos empresariales sostienen que la posibilidad de un fallo en España a favor del reclamo de Repsol podría tener no sólo un efecto reputacional para el gigante norteamericano, sino que incluso podría derivar en un embargo internacional.

El acuerdo por Vaca Muerta estuvo en duda hasta el mes pasado justamente por una medida que había tomado la justicia de Ecuador contra Chevron, a la que intimaba a pagar un resarcimiento millonario por contaminación. Un juez y una cámara argentinas aceptaron ejecutar en el país esa sentencia, sobre la base de acuerdos internacionales de aplicación de justicia, pero la Corte Suprema zanjó el conflicto con un fallo favorable a la multinacional.

La Casa Rosada intentó apurar un acuerdo que levantara los litigios de Repsol, que incluyen una demanda de 10.500 millones de dólares ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).

Primero en marzo y después a principios de junio envió a Madrid ofertas de compensación a través de accionistas de Repsol: proponía pagarle a la empresa con una participación minoritaria en un joint venture controlado por YPF para explotar una porción de Vaca Muerta. Las dos veces el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, consiguió el apoyo unánime del directorio para rechazar de plano el proyecto.

La desconfianza no llegó siquiera a disiparse pese al evidente giro político que implica el reconocimiento de Cristina Kirchner de que debe pagar por la expropiación, después de haber sugerido durante meses que los supuestos incumplimientos de la empresa la eximían de poner ni un peso para compensarla por tomar el 51% de sus acciones en YPF.

"Las acciones legales siguen su curso 15 meses después y la justicia nos terminará dando la razón -insistió ayer Gonzalo Aizpiri-. Aunque hay que trabajar en mecanismos que impidan que cuando Repsol gane, la Argentina se niegue a pagar, como hace habitualmente."

PARA YPF, EL JUEZ ES INCOMPETENTE

La decisión de un juez español de dar curso a la demanda de Repsol contra YPF "no resuelve el fondo de la cuestión", dijeron fuentes de la petrolera argentina. Según advirtieron, la medida supondrá el inicio de "la discusión judicial sobre el fondo de la cuestión, cuyos efectos se circunscriben exclusivamente al mercado español". YPF subrayó que en el juicio defenderá sus intereses y "cuestionará la incompetencia de la justicia española".