Desde el viernes, cuando el juez Claudio Bonadio ordenó su prisión preventiva, Ricardo Jaime le escapa a la posibilidad de convertirse en el primer funcionario de la década kirchnerista en ir a la cárcel. Hasta anoche, el ex secretario de Transporte de la Nación seguía prófugo de la Justicia, y se especula con que su defensa aguardará a que la Cámara Federal acepte la apelación presentada ayer para que lo eximan de prisión. En tanto, Bonadio declaró a Jaime “en rebeldía” de la Justicia, por lo cual su situación se agravó aún más.

Procesado en una causa en la que se lo acusa de defraudación al Estado por ordenar pagos superiores a los $ 2,5 millones sin fundamento a la empresa Soesa, encargada de administrar el servicio del ferrocarril Belgrano Cargas, Jaime está prófugo desde el viernes, cuando Bonadio ordenó la prisión preventiva. La decisión de acelerar la causa sorprendió porque ese día comenzaba la feria judicial de dos semanas, al punto que el abogado de Jaime, Andrés Marutian, se encontraba en el exterior. A partir de allí se decidieron los allanamientos de las propiedades de Jaime en Córdoba y Puerto Madero. Ambos fueron sin éxito, ya que quien fuera titular de Transporte de 2003 a 2009 no se encontraba.

Ayer la situación judicial de Jaime se empantanó todavía más, no sólo por la decisión de Bonadio de declararlo “rebelde” de la Justicia, sino porque el fiscal federal de Cámara de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, pidió su “inmediata detención” debido a que el 30 de este mes se debe presentar en el juicio por tentativa de sustracción de pruebas durante un allanamiento realizado por otra de las causas más relevantes que involucran a Jaime, la de enriquecimiento ilícito. Ese expediente reside en el juzgado de Sebastián Casanello y es fiscalizado por Carlos Rívolo, quien luego de la feria judicial podría pedir su detención.

Respecto a la declaración de “rebeldía” que recae sobre Jaime, según transmiten desde los tribunales de Comodoro Py, implica que es una situación procesal que se produce ante la incomparecencia del imputado en tiempo y forma. Fuentes judiciales también mencionaron que, pese a que Jaime no se entregó hasta el momento, Bonadio no solicitó la captura nacional o internacional de Jaime, aunque sí rechazó el pedido de eximición de prisión. La decisión del juez, cabe recordar, se fundamenta en que Jaime tiene cuatro causas en etapa de juicio oral, entre ellas, la radicada en Córdoba, en la que se debe presentar en dos semanas, aunque también la más trascendente quizás, la que investiga la responsabilidad de varios funcionarios por la Tragedia de Once, del 22 de febrero del año pasado, que causó 51 muertes. Cabe recordar que desde el año pasado Jaime tiene prohibido salir del país.

Desde la defensa del ex funcionario insinuaron que Jaime se presentará, aunque no fijaron una fecha. Se especula que esperarán el resultado de la apelación presentada ayer en la Cámara Federal, buscando ganar tiempo y aguardando que se lo exima de la prisión preventiva.

La causa por la que Jaime está comprometido fue iniciada en 2009 por el ex fiscal y hoy diputado nacional Manuel Garrido. En la misma se acusa al por entonces secretario de Transporte de ordenar el desembolso de dos millones de pesos más de lo previsto para una obra que buscaba mejorar el tendido de vías entre San Miguel de Tucumán, la capital provincial, y la ciudad de Concepción, del servicio Belgrano Cargas. La misma, autorización mediante de la firma Soesa, fue asignada a la empresa Luis Carlos Zonis por $ 8 millones.

Pero el Estado habría pagado $ 2 millones más de lo previsto. En esa causa, entre otros, también está procesado José Pedraza, el sindicalista condenado a 15 años de prisión por el crimen de Mariano Ferreyra.