Los precios de los bonos argentinos con legislación Nueva York saltaron casi 12% y los seguros contra default argentino cayeron 20% luego de que trascendiera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) intercederá ante la Corte Suprema a favor de la Argentina.
El Discount con legislación Nueva York (DICY) aumentó 11,8% en tan sólo dos días, a u$s 63.375, el precio más alto desde el 11 de febrero pasado antes de que la Corte de Apelaciones ratificara que la Argentina debe pagar a fondos buitres la totalidad de la deuda en default y que el pleno de la Cámara decidiera no revisar el fallo.

El rendimiento del bono cayó a 14% frente al 17,5% que ostentaba hace sólo un par de semanas.

En tanto, el precio del Global 2017 (GJ17), también con ley Nueva York, aumentó 3,15% desde que se conoció la decisión del FMI y el rendimiento cayó más de 1%.
Por otro lado, desde que se conoció la noticia el miércoles, los Credit Default Swaps (CDS) de Argentina a cinco años se desplomaron 20%, con una merma de 13% sólo en la jornada de ayer. Los seguros de impago a un año cayeron 16% en dos días con una baja de 11% ayer.

El miércoles se conoció que la directora del FMI, Christine Lagarde, le pedirá al directorio que interceda ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que tome el caso que enfrenta a la Argentina contra los holdouts y revea el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York.

Sería la primera vez en su historia que el Fondo realiza una acción semejante. Según expertos citados por la agencia Dow Jones, Lagarde “no haría esa recomendación si no creyera que tiene el apoyo del directorio”. El FMI intervendría así en calidad de amicus curiae, o amigo de la causa, en favor del país.

La Argentina, representada por el estudio de abogados Cleary Gottlieb, apeló a la Corte Suprema un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que convalidó el reclamo de los fondos NML Capital, de Paul Singer, y EM, de Kenneth Dart, que argumentaron que el país violó la cláusula de pari passu o tratamiento igualitario de los bonos en default al pagar la deuda reestructurada y no los títulos en poder de los holdouts.

Luego, Apelaciones pidió al juez de distrito Thomas Griesa que definiera cómo y cuánto debe pagar el Estado. Griesa falló que el país debe pagar en efectivo del 100% del juicio (u$s 1.330 millones) y obligó al Banco de Nueva York (BONY) a retener los pagos de la deuda regularizada, lo que provocaría un default técnico.

La Argentina volvió a apelar. La Corte de Apelaciones no resolvió esta segunda instancia, que quedaría suspendida si la Corte Suprema toma el caso.

La Argentina argumenta que Griesa violó una ley federal al pretender embargar recursos de una cuenta que el BONY tiene en el Banco Central argentino. Es, según especialistas, el principal motivo por el que la Corte Suprema puede tomar el caso, algo que definiría en octubre.
También existen razones políticas para que el máximo tribunal estadounidense decida interceder. Tanto el FMI como el gobierno de Estados Unidos temen que avalar la posición de los fondos buitre siente un mal precedente para el sistema financiero.
Es lo que en el Gobierno llaman “riesgo sistémico”: la plaza de Nueva York quedaría herida si un juez captura pagos de deuda reestructurada para saldar una sentencia de bonos en default.