Bien podría armarse un equipo de fútbol con los once miembros de la primera y segunda línea del equipo económico del Gobierno que tienen o tuvieron causas en su contra en la Justicia Federal. Incluso el jugador número “12” podría ser el vicepresidente Amado Boudou, complicado en varios expedientes, pero especialmente en el mediático caso Ciccone, cuando era ministro de Economía.

Ayer fue Diego Bossio, el titular de la ANSeS, el principal involucrado en una denuncia que impulsó Elisa Carrió por el presunto desvío de dinero de fondos jubilatorios. Pero la investigación que encara el fiscal Delgado no es la única que afecta al joven economista. En las últimas horas, el fiscal Jorge Di Lello –el mismo que trabaja en el caso Ciccone– imputó penalmente a Bossio en una causa que tramita el juez Ariel Lijo y que surgió a partir de una denuncia del diputado Claudio Lozano que buscaba saber si él y Boudou estuvieron vinculados a la consultora Arcadia, partícipe del canje de deuda en el default de 2009.

Bossio y Boudou también fueron denunciados en 2009 por Lozano por el mal uso de los fondos de la ANSeS. El diputado los acusó de utilizar Facimex, sociedad de Bolsa de Puerto Madero, para comprarle préstamos garantizados a inversores privados.

Pero Boudou y Bossio no son los únicos apellidos vinculados a la economía que figuran en los despachos de Comodoro Py. El actual ministro Hernán Lorenzino fue denunciado recientemente por una ONG por, a través del Ministerio, facilitar vehículos oficiales para trasladar abogados de la agrupación “La Cámpora” a votar en las elecciones de la Facultad de Derecho de la UBA. En enero también se abrió un expediente contra el viceministro Axel Kicillof por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión y violación de secreto” por impulsar investigaciones a través de La Cámpora para conocer información de más de mil empresas. La denuncia recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.

Guillermo Moreno visita frecuentemente Comodoro Py, ya sea por denuncias iniciadas por él o por los múltiples expedientes radicados en su contra. La última vez que el secretario de Comercio Interior pasó por Tribunales fue hace tres semanas, para comparecer ante el juez Claudio Bonadio en la causa iniciada por abuso de autoridad al multar a consultoras privadas que difundieron sus propios índices de inflación. La responsable de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, tampoco es la excepción, ya que junto con Moreno aparece en una denuncia que el diputado Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica, presentó por la presunta falsificación de las estadísticas del Indec. En la misma causa, que investigan Delgado y el juez Julián Ercolini, también aparecen la directora del Indec, Ana María Edwin, y su director técnico, Norberto Itzcovich.

De los peso pesado del kirchnerismo con causas en la Justicia también sobresale Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, quien el año pasado fue imputado por Ciccone y, por otra parte, sobreseido en una causa en la que se lo investigaba por la entrega de subsidios millonarios a feedlots que supuestamente no existían, en su cargo anterior, como titular de la extinta Oncca.

La nómina de funcionarios del equipo económico con causas también la integra Katya Daura, denunciada por incompatibilidad de funciones cuando se desempeñó como presidenta de la Casa de la Moneda y subinterventora de la ex Ciccone al mismo tiempo. El listado lo completan Juan Carlos Pezoa y Adrián Cosentino, a cargo de Hacienda y Finanzas, e imputados ayer con Bossio.