El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Capital Federal inició este jueves a las audiencias de alegatos en el juicio oral por el supuesto pago de sobornos para aprobar la ley de Flexibilización Laboral, hecho ocurrido en abril de 2000 durante el gobierno de la Alianza, en el que se encuentran acusados el expresidente Fernando de la Rúa, exfuncionarios de su gabinete, y exlegisladores. 

Como estaba previsto, en primer término expone su alegato la Oficina Anticorrupción, que actúa como querellante, cuya presentación podría durar hasta mañana para después dar lugar a la exposición de la fiscalía.

Los juzgados son el expresidente De la Rúa, el extitular de la SIDE en su gobierno Fernando de Santibañes, su exministro de Trabajo Alberto Flamarique los exsenadores Ricardo Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo y el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto por el delito de "cohecho". Además se encuentra imputado Emilio Marcelo Cantarero, pero en su caso el proceso se encuentra suspendido por cuestiones de salud.

De La Rua llegó a juicio acusado de "cohecho" activo, por haber supuestamente participado de una reunión en la Casa de Gobierno donde se habló del tema y ordenó arreglarlo con De Santibañes, por entonces al frente de la SIDE, según el relato del arrepentido Pontaquarto.

Los jueces Miguel Pons, Guilermo Gordo y Fernando Ramírez rechazaron convocar a un grupo de testigos que durante la instrucción de la causa declararon sin la presencia de abogados defensores de los acusados pero principalmente se negaron a llamar al estrado a la ex esposa de Pontaquarto, Silvana Costalonga.

La mujer fue la única testigo que declaró durante la pesquisa haber visto los cinco millones de pesos que su entonces marido dijo haber retirado de la SIDE para pagar sobornos a senadores justicialistas en abril de 2000 a cambio de su voto favorable a la ley de Reforma Laboral en el gobierno de la Alianza.

Pero como todavía permanece imputada como supuesta "partícipe secundario" en la causa, por decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien rechazó un pedido fiscal para sobreeerla, los jueces entendieron que podría "autoimputarse" si declaraba como testigo y se negaron a convocarla.

A lo largo de 13 meses de juicio y más de 300 testigos, Pontaquarto ratificó sus dichos al prestar declaracion indagatoria en varias oportunidades mientras que el ex presidente De La Rúa proclamó su inocencia y centró su estrategia -al igual que los demás acusados- en desprestigiar al arrepentido ex secretario parlamentario.

Paralelamente, la mayoría de los testigos afirmó haber sabido del tema por dichos de otros o por ejemplo, del senador Antonio Cafiero, quien no declaró por cuestiones de salud.

Y los sindicalistas que declararon, como Omar Viviani y Hugo Moyano, ratificaron haber escuchado a Flamarique decir que para los senadores "tenía la Banelco" en una reunión donde se hablaba de la necesidad de sancionar esa ley.

El exvicepresidente de la Nación Carlos "Chacho" Alvarez declaró que se enteró por un anónimo que circuló en el Senado que presidía.

Otro expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, dijo ante los jueces "tener la convicción" de que el hecho no sucedió.

Uno de los últimos actos del debate fue una inspección ocular a las oficinas de la Secretaría de Inteligencia, en la que los jueces, la fiscal y Pontaquarto reconstruyeron el momento donde según él retiró el dinero que escondió en su casa y días después trasladó al departamento del senador Emilio Cantarero, para ser repartido.

Tanto la OA como la fiscal Namer formularán imputaciones y pedirán penas de prisión para los acusados, al considerar que pese a que no declaró la esposa de Pontaquarto, en el debate se generó prueba suficiente para dar por acreditada la existencia de los sobornos.

Tras sus alegatos, será el turno de las defensas, con la de Pontaquarto en primer lugar, en exposiciones que durarán hasta noviembre y luego habrá últimas palabras y veredicto.

Dos de los integrantes del Tribunal oral, Miguel Pons y Guillermo Gordo, son los mismos que en el 2003 anularon gran parte de la investigación penal por el atentado a la AMIA, absolvieron a todos los acusados y ordenaron abrir investigaciones penales contra el ex juez del caso Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en base a la "teoría del fruto del árbol envenenado", por la producción de pruebas falsas y un pago ilegal a un detenido.