Esta es la posición de Carlos Carranza, diputado santafesino por el Frente Renovador, sobre el presupuesto 2014:

El BLOQUE del “Frente RENOVADOR” no está de acuerdo con un tratamiento expréss de la herramienta económica/financiera más importante del estado, y solicita la reapertura del debate con tiempo suficiente para escuchar a los funcionarios del Poder Ejecutivo para que informen al Congreso sobre las pautas tenidas en cuenta para la elaboración del Presupuesto Nacional y requiere un acuerdo político en comisión para tratarlo luego de las elecciones. Hay que escuchar el pronunciamiento de las urnas el próximo 27 de octubre con la presencia de los nuevos legisladores que asuman sus funciones en diciembre de 2013, así tendrá una mayor legitimidad.

El oficialismo en la Cámara baja ha dicho que no está dispuesto a cambiar ni una coma y que el proyecto debe aprobarse sin modificaciones.

No estamos de acuerdo con esa postura porque:

Negar que se puedan hacer reformas a la ley de presupuesto es negar la existencia misma del parlamento, y vemos con suma preocupación que realmente moleste al oficialismo el disenso y el debate abierto, sincero y leal, porque eso no es democrático.

Precisamente, por su concepción del pensamiento único no admiten las propuestas de la oposición que son superadoras para el país y para todos los argentinos, y para se conozcan realmente el ajuste dramático en la política social, y un endeudamiento absurdo por la distorsión en las estadísticas que publica el INDEC.

Esa prédica desprestigia y mancilla las instituciones republicanas y demuestra su intolerancia hacia el resto del arco político y de la ciudadanía en general.

Ahora resulta que la LEY DE LEYES no puede ser modificada en las Cámaras legislativas. Esto es absolutamente nuevo y nunca se había escuchado antes. Según sostiene el oficialismo la ley que define el marco presupuestario y la relación con las provincias, no puede alterarse porque eso es atribución de la Señora Presidente.??. Eso no es así y nunca fue así, ni aquí ni en ninguna parte del mundo; a tal punto que si el Poder Ejecutivo no lo elabora, el Congreso puede hacerlo a través de sus facultades implícitas (art. 75 inc. 32 CN), llegado el caso y de ser necesario.

El Poder Ejecutivo Nacional puede/debe elaborar el presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos, y remitirlo a través del Jefe de Gabinete según los incisos 6 y 7 del art. 100 de la CN, bajo la supervisión del Presidente conforme las facultades que le otorga el art. 99 inc. 10 CN. Luego el Congreso debe FIJAR (aprobarlo), según el art. 75 inc, 8º) de la Constitución Nacional. Esta es la ruta constitucional que no puede cambiarlo el gobierno a su antojo.

Otorgarle al parlamento una facultad refrendataria o meramente formalista es caer en una tentación autoritaria, o en pretender gobernar en contra de la Constitución y de la voluntad popular. El Poder Ejecutivo no tiene facultades legislativas (las tiene expresamente prohibidas); más por el art. 99 inc. 3 CN participa en el proceso de formación de las leyes, incluso hasta puede proponer modificaciones, enmiendas o incluso vetar. No le ha dado la CN facultad exclusiva y excluyente para la elaboración del presupuesto al Poder Ejecutivo, y en cambio sí le obliga al Poder Legislativo a fijar el mismo.

Aunque la modificación en 1992 cuando se sanciono la ley 24156 de “Administración Financiera del Estado”, se hayan pretendido sentar las bases del proceso de discusión en la elaboración de los antecedentes para el presupuesto ello debe entenderse intagubernamentalmente; y no que se haya querido otorgarle casi exclusividad al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía en la elaboración y presentación del anteproyecto. Esto no significa limitar las facultades, poderes, competencias y atribuciones del Poder Legislativo en realizar los cambios que considere pertinentes y necesario en la ley que autoriza el gasto y el manejo de la cosa pública, ya que como tal debe asegurarse incluso de su fiel cumplimiento a posteriori, estableciendo los controles y las verificaciones que considere apropiados durante todo el ejercicio. Para eso el Congreso tiene facultades de monitoreo que surgen de su propia naturaleza y nadie puede condicionarlo en su accionar de preservar el mejor funcionamiento del estado y el cumplimiento estricto de la ley en su ejecución.

Si el parlamento tiene su razón de ser, es precisamente cuando ejerce esa facultad de control y fijando los límites económicos financieros para el ejercicio de que se trate. Si solo puede ratificar lo enviado pierde sentido su remisión y sometimiento a otro poder del estado, esta una concepción autocrática propia de modelos dictatoriales o superprecidencialistas que no se condicen con el texto constitucional.

El congreso puede válidamente fijar las prioridades y asignar más o menos recursos a cualquier Ministerio cuando las circunstancias así lo requieran, y por ello puede rectificar el rumbo político o económico de una gestión gubernamental, le guste o no le guste a quien gobierna. No es verdad que su participación sea solo convalidante, esa sería una concepción delegativa y degradante para el Congreso Nacional.

Se ignora a la oposición y se desprecia el debate republicano. Nos quieren hacer creer que no podemos modificar el mensaje enviado por el P.E. por que ello es inconstitucional, según dicen porque no se respeta el proyecto presentado como programa general de gobierno y el plan de inversiones. El tratamiento del presupuesto se encuentra en el capitulo IV como ATRIBUCIONES DEL CONGRESO, no del ejecutivo; además se proponen delegaciones de facultades que no reúnen las condiciones del art. 76 de la CN, por ello es falso este argumento y contrario a derecho.

Es evidente que pretenden tener un manejo discrecional de los fondos públicos. En gran medida la falta de vinculación del Poder Legislativo con el proceso de asignación de los recursos públicos, quita valor a la actividad legislativa en general.

La importancia del contrapeso del legislativo es central en cuanto a la transparencia y pluralidad de la fijación de las políticas públicas, ya que el proyecto cobra notoriedad recién cuando ingresa al Congreso, porque el proceso de su elaboración no tiene difusión pública es reservado y cuasi secreto. Por eso se reclama mayor independencia y capacidad del Poder Legislativo para intervenir desde el comienzo en la confección del anteproyecto para que cuando se llegue al debate las oficinas específicas, los asesores y las comisiones tengan elaborados sus análisis y propuestas para el debate y votación. Aquí se hace todo lo contrario, en 15 días se envía el Presupuesto y se acelera su tratamiento, lo cual hace que la oposición carezca de la información suficiente para dar un debate serio y responsable.

Se afecta de manera directa la división de poderes con la creación de cargos específicos que son verdaderos impuestos (contribuciones directas). Se ajusta en áreas sensibles como la seguridad, la educación, la justicia, la salud, y nadie explica por qué razón?. Por supuesto que queremos más obras para las provincias, pero no las conocemos y mucho menos las aprobaremos cuando medie la creación de fondos fiduciarios de escaso o nulo control parlamentario. Cual ha sido el criterio de asignación de fondos a las provincias?. Queremos prorrogar el programa de desendeudamiento de las provincias y coparticipar el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios; y desde ya que no votaremos delegaciones ni leyes de emergencias que carecen de sustento alguno, o no somos Canadá y Australia, según se ha dicho?. En que quedamos, si crecemos como dicen para que necesitan los superpoderes?.

Es un presupuesto dibujado, fuera de la realidad y conservador, y entre sus principales defectos tiene la tendencia a la sobreestimación y subestimación de las variables macroeconómicas determinándose así, de manera imprecisa los recursos y gastos proyectados; por lo tanto se aprueba un presupuesto que será luego inevitablemente modificado por Decretos de Necesidad y Urgencia o decretos simples de la Presidente o tan solo meras resoluciones del Jefe de Gabinete de Ministros, con lo que la veracidad del proyecto en cuestión en prácticamente nula. Solo con cumplir los plazos de envío no alcanza razonablemente a cumplir con la manda constitucional, ya que después se hacen necesarias otras ampliaciones presupuestarias o aprobaciones de transferencias con lo que queda desnaturalizado el proyecto original, esto es lo que ha venido sucediendo todos estos años.

Pretendemos que no se incluyan facultades delegadas o superpoderes, ya que sino, no tiene sentido fijar partidas que luego el Presidente de la República o el Jefe de Gabinete de Ministros puede cambiar de rubro, a su antojo. No vamos a aprobar ninguna delegación ni emergencias, ni ahora ni nunca.

La relación presupuestaria con las provincias es imprevisible vuelve a ser discrecional y de sometimiento al poder central. Para esta gestión el federalismo es meramente simbólico, y solo defienden las cajas para administrar el poder arbitrariamente.

El aumento a los jubilados, el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y el libre manejo de los excedentes no puede quedar en manos del ejecutivo sin tan siquiera el parlamento estar informado al respecto. Nuestra propuesta es transferir todos los ingresos logrados por encima de la recaudación estimada al sistema provisional para mejorar el respaldo financiero de quienes perciben un haber jubilatorio y para respaldo futuro del “Fondo de Garantías de Sustentabilidad” de la seguridad social.

Por otra parte, Santa Fe no se ha visto reflejada en el presupuesto como corresponde y merece, ya que aporta al erario público como ninguna otra y mucho más de lo que recibe. Transfiere más de 3 mil millones de dólares solo por retenciones, y no percibe ni una cuarta parte de ello. La infraestructura se maneja con criterios políticos subalternos que, humillan y subordinan a los gobernadores e intendentes a una contrapartida electoral, en el mejor de los casos, ya que debe sortearse una pléyade de intermediarios. Un verdadero chantaje a cambio de votos. Las transferencias y subsidios son discrecionales y sujeto al arbitrio permanente de los funcionarios de turno. Solo con avales y garantías de deudas que contraigan las provincias y que terminan pagando ellas no puede sostenerse seriamente que se las esta beneficiando, se necesitan aportes genuinos para el desarrollo y crecimiento del sector productivo que genere mayor mano de obra y evitar los problemas que estamos teniendo de desempleo y perdida alarmante de puestos de trabajo en el cordón industrial de Rosario y Gran Rosario.

Este sector productivo, que es el mas importante de la llanura pampeana, demanda mas obras para incrementar las exportaciones y el desarrollo de la actividad industrial y agropecuaria, como el mejoramiento del acceso a los puertos, el “Plan Circunvalar del gran Rosario”; y los caminos y rutas a los corredores de cereales y oleaginosas, para fortalecer la zona portuaria mas importante del MERCOSUR, y favorecer la proyección estratégica del corredor bioceánico, para la salida de los productos al Asia/Pacifico dando mas potencialidad a nuestros empresarios comerciantes e industriales de la pampa húmeda y generando divisas para el país.

Necesitamos generar mayor empleo genuino, y una economía estable y permanente, con oportunidades para todos y por ello exigimos cambios en las pautas presupuestarias, ya que no estamos de acuerdo con el drenaje de fondos sin controles a las empresas de transporte oficialistas, a las obras sociales obedientes, con los subsidios a los gremios amigos, con los premios a los amigos del poder que están generando una corrupción desenfrenada, y un manejo personal de los fondos públicos, que como legisladores tenemos la responsabilidad y la obligación de auditar y monitorear de forma pública y transparente.

Queremos previsibilidad y seguridad jurídica, y no ajuste como propone el Poder Ejecutivo que seguramente traerá más pobreza de la que tenemos (9 millones de argentinos), de los cuales 3 millones son indigentes, y un millón son NI NI. En estas condiciones es muy difícil votar este presupuesto, ya que no somos convidados de piedra y no canvalidaremos el endeudamiento derivado de los cupones PIB que condiciona futuros gobiernos de manera directa.

Queremos que se aumenten las partidas en seguridad, educación, salud, justicia, ciencia y tecnología, seguridad social, medio ambiente, etc.; y no que luego se las utilicen con fines no autorizados en la ley de presupuesto a través de simples decretos de necesidad y urgencia que desnaturalizan la asignación de prioridades que efectúa el Congreso.

Si como dicen, el parlamento solo puede fundar su disidencia y luego abstenerse, van a tener que modificar la Constitución Nacional, ya que estas funciones hoy están en manos del Congreso y por eso el oficialismo debe entender que no es ajeno a nuestras competencias pretender corregir y rectificar algunas cuestiones que son perjudiciales para el país y que no pueden ser aprobadas así como están, pero que han sido incluidas en el proyecto oficial, y necesitan ser modificadas urgentemente.

Las pautas macroeconómicas están fuera de la realidad, y se subestiman para quedarse con la libre disponibilidad de los excedentes tributarios. Este es el objetivo principal de la obcecación e irreductibilidad del oficialismo que se niega a realizar los cambios que pretende la oposición, no otro.

Los números de nuestra economía están distorsionados en el proyecto oficial, como consecuencia de la falta de información a los diversos actores, que ya es una política de estado, y por la alteración irracional de los datos que aporta el INDEC, esta intencionalidad de aprobar el presupuesto a libro cerrado pretende además, certificar los datos que proporciona la oficina estatal mas cuestionada, y es por ello que el Poder Legislativo no esta dispuesto a ratificar esos números, ni la economía escondida y negada por el Poder Ejecutivo.

Proponemos un debate amplio y la posibilidad de una negociación abierta y pública, a la luz del día y de cara a la sociedad. Estamos dispuestos a aprobar el presupuesto si se sacan las delegaciones de facultades, los superpoderes y se llevan a la realidad las estimaciones inflacionarias y de crecimiento económico que son absurdas.

El presupuesto es una herramienta fundamental para la marcha del gobierno, lo sabemos y por eso queremos discutirlo articulo por articulo, pero no lo vamos a aprobar a cualquier precio. Daremos el debate y fijaremos nuestras posiciones en el recinto, pero no queremos estar sospechados de nada y también defenderemos a ultranza el federalismo como fuente de integración y desarrollo del país; y además queremos datos reales en las cuentas públicas correctamente asignadas, por prioridad y por partida. Eso nos mejora nuestra imagen incluso en el exterior y ese es el respeto que nos merecemos como representantes del pueblo; de lo contrario queda absolutamente claro que no se tiene interés en debatir el programa de gobierno y el plan de inversiones para el ejercicio que viene.

Los Diputados Nacionales que integramos el bloque del FRENTE RENOVADOR estamos dispuestos a votar el presupuesto lo antes que se pueda, pero antes queremos estudiarlo y analizarlo con tranquilidad, sin oportunismo y con compromiso cívico y moral. Nuestra primer obligación es con la gente y con la Republica, de modo que estaremos presentes en todas las reuniones de comisión para dar nuestros puntos de vista, pero no avalaremos cualquier apresuramiento ni cualquier norma que pueda perjudicar al pueblo Argentino.

Este pueblo puede ya sacar sus propias conclusiones, y la verdad está en cada gesto, esperamos alguna actitud prudente y criteriosa del oficialismo. La oposición no es responsable cuando el propio gobierno ha dado muestras inequívocas de que quiere acelerar los tiempos, imprimir velocidad y manejar a voluntad los fondos públicos. Nuestra tarea será entonces denunciar este avasallamiento y seguir hablando a los ciudadanos con los datos a la vista, porque la UNICA VERDAD ES LA REALIDAD.