El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penales, y la Universidad Nacional del Litoral, a partir del programa “Delito y Sociedad”, realizarán mañana la jornada debate “Reforma procesal y justicia penal juvenil” desde las 9 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Cándido Pujato 2751 de la ciudad de Santa Fe.



En la oportunidad, disertará el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, sobre el proyecto del gobierno provincial de Código Procesal Penal Juvenil. El acto de apertura estará a cargo del rector de la UNL, Albor Cantard, y de la subsecretaria provincial de Asuntos Penales, Débora Cotichini.



También habrá otros expositores en el marco de esta propuesta pensada como un espacio para la reflexión y el debate, entre ellos el consultor de Unicef y especialista en derecho de niños y jóvenes con reconocimiento internacional, Emilio García Méndez.



El experto integrará la mesa “Experiencias comparadas y aportes críticos acerca de los procedimientos penales juveniles”, junto a Julián Axat, defensor oficial del Fuero de la Responsabilidad Juvenil de La Plata, y al jurista Alberto Binder, experto en reformas procesales en Latinoamérica.


En la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funciona el sistema de justicia penal juvenil, que se ocupa de los jóvenes entre 16 y 18 años derivados por orden judicial en el marco de una causa penal. Estos jóvenes cumplen las medidas judiciales correspondientes en el marco de distintos programas, la mayoría de ellos en estado de libertad.



Ahora, desde el gobierno provincial se propone una reforma en el procedimiento, a tono con la transformación de los sistemas judiciales y en especial el nuevo sistema de enjuiciamiento penal para adultos, que comenzará a regir en forma definitiva el 10 de febrero.



El proyecto de nuevo Código Procesal Penal Juvenil, próximo a presentarse en la legislatura provincial, se terminó de diseñar con el aporte de los jueces de menores y de especialistas de todo el país. Se trata de una síntesis jurídica e ideológica vertebrada por las premisas que tienen la ley de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño, con rango constitucional desde 1994.



En líneas generales, la propuesta es que no sea un régimen judicial distinto al de los adultos, sí que se respeten las especialidades del caso y también que estén más claros los plazos procesales. Dos de los artículos más importantes del nuevo Código establecen que las víctimas podrán ser querellantes en causas contra menores y que los jueces tendrán que definir si hay o no responsabilidad sobre los hechos delictivos que se imputan.