El equipo económico liderado por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar en Argentina, produjo una fuerte intervención del Estado en el proceso económico, creando las condiciones de posibilidad para el surgimiento de determinados espacios privilegiados de acumulación de capital para los grandes agentes económicos privados.
En diálogo con LT10, el contador Diego Rubinzal sostuvo que “el golpe tuvo un objetivo económico preciso y diagramado, no se implementó a las apuradas. Hubo muchas reuniones previas a partir de negociar el programa económico antes que todo sucediera”.
Asimismo, Rubinzal comentó lo que ocurría antes que el golpe cívico militar llegara al poder el 24 de marzo de 1976. “El grupo Azcuenaga se reunía en una oficina en Capital Federal bajo la coordinación del abogado Perrió, quien había sido Ministro de Justicia. En este grupo Martínez de Hoz y otras personas diagramaban un programa económico de corte liberal para liquidar el modelo industrial. En esta época cerraron 15 mil industrias, lo que cayó del 36% al 21%. Se consolidó la valorización financiera, es decir, la patria financiera, lo que era mas negocio especular que producir”.
El modelo implantado en esa época hasta hoy, mostró que “se modificó la carta del Banco Central, lo que generó mas atribuciones a la propia entidad, lo que fue un avance. Pero la ley de entidades financiera permanece intacta. Se cambió el modo de funcionamiento de la economía argentina con una declinación muy grande. El producto bruto estuvo estancado. La construcción cayó 30%, la industria 13% y la actividad financiera creció 40%”, destacó el economista.
“El objetivo principal del golpe fue “la revancha clasista” con el fuerte avance de grupos económicos concentrados que se apropiaron de los ingresos de los trabajadores. En la dictadura los salarios cayeron un 30%, habiendo caída del trabajo formal”.
La deuda externa, que fue producto, incluso, de la estatización de deuda externa privada, se elevó de 7 mil 875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45 mil 87 millones de dólares al finalizar 1983.
El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso “Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación”.
La última dictadura cívico-militar argentina dio inicio a un patrón de acumulación basado en la valorización financiera que desplazó a la producción de bienes industriales como el eje central de la actividad económica y que redefinió fuertemente la fisonomía y el posicionamiento estructural de las distintas clases sociales y fracciones de clase.