Este miércoles se dará el primer encuentro formal entre los comercializadores minoristas de combustible de Santa Fe y VISA Argentina, ya que ambas partes se sentarán en la misma mesa para intentar acercar posiciones y evitar así que las empresas realicen una presentación judicial por las condiciones “abusivas” que imponen las tarjetas de crédito.
Los estacioneros solicitan modificaciones de las condiciones de acreditación de las operaciones de venta con tarjeta de crédito. Según sostienen, cobrar el combustible a 18 días hábiles, que se transforman en cerca de 28 días corridos, les genera un perjuicio que, en el actual contexto de retracción económica, pone en riesgo la continuidad de más de 700 estaciones de servicio en todo el territorio nacional.
Además, los aranceles que les imponen son 5 a 6 veces superiores a lo que cobran en otros países cercanos como Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, entre otros.
Mediación
La instancia de mediación es parte del plan integral que lanzó la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI) con el apoyo de la Confederación de estaciones de todo el país llamada CECHA, junto a un reconocido estudio jurídico de la Capital Federal. Según entienden hay un riesgo latente de muerte de empresas pymes dedicadas al expendio de combustibles.
Las acciones incluyen una denuncia administrativa ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante que detenta Prisma Medios de Pago S.A., la dueña de VISA en Argentina. La Comisión se encuentra en transición después de la sanción de la ley Carrió-Negri que creó la Autoridad Nacional de la Competencia, que le brinda amplias facultades para intervenir y resolver abusos de las empresas.
Ya en el año 2016, por motivos similares, Prisma y sus accionistas (que son los 14 bancos más importantes que operan en el país) fueron objeto de una denuncia ante la CNCD iniciada por el Ministerio de Producción.
Es importante destacar que en el año 2017, fruto de un acuerdo entre las tarjetas de crédito, el gobierno y los comerciantes, se redujeron progresivamente entre 21 y 26% los aranceles de débito y crédito para el comercio minorista pero las estaciones de servicio no fueron incluidas. Dicho acuerdo plantea una reducción gradual hasta el 2021 mostrando lo factible del pedido de los estacioneros.