En un fallo judicial histórico para el país, ayer los curas Horacio Corbacho (59) y Nicola Corradi (83) fueron condenados a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, por el abuso sexual de menores sordomudos e hipoacúsicos en el ámbito del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.
En tanto, el jardinero Armando Gómez (57) recibió una pena de 18 años de cárcel por delitos similares, también consumados en el ámbito del instituto religioso.
En la causa, que tiene una decena de víctimas de entre 4 y 17 años de edad, Corbacho había sido imputado por 16 hechos que incluyen "abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores", mientras que a Corradi lo acusaron por cinco y a Gómez por otros cuatro.
El juicio se desarrolló desde el 5 de agosto pasado en la Sala 6 del Fuero Penal Colegiado. En diálogo con El Cuarto Poder, Erica, hermana de una de las víctimas, expresó que tanto las víctimas como las familias atravesaron "tres años muy duros": "Nos enfrentamos a un poder enorme", indicó, e hizo hincapié en la "sistematicidad" con la que se cometían las atrocidades sexuales.
"Uno de los imputados tuvo muchas causas en Verona (Italia), en La Plata, y así fue trasladado hasta Mendoza. Cuando se enteraban lo iban reubicando, en vez de denunciar y romper el cerco de silencio en estos colegios donde había mucha gente cómplice", dijo Erica sobre psicólogos, fonoudiólogos, y demás profesionales que colaboraban para sostener estas situaciones de abuso y maltrato dentro de la institución. "No les enseñaban lenguaje de señas para que no se pudieran comunicar".
Ya en 2008 se había radicado una denuncia por los abusos ocurridos dentro del instituto, pero tuvieron que pasar ocho años más hasta que en 2016 que se concretó otra denuncia que fue escuchada por la Justicia que tomó el tema con seriedad. Así se quebró el silencio cómplice y se desencadenó el proceso que terminó con las condenas de los sacerdotes abusadores.
Al tratarse de un caso con delitos de instancia privada, la lectura del veredicto se llevó a cabo a puertas cerradas, aunque el Servicio de Información Judicial de Mendoza lo transmitió por Youtube. Sobre el proceso judicial, la familiar de una de las menores abusadas destacó el respeto con el que se llevó a cabo para evitar la revictimización.
Además, remarcó la importancia no sólo de la condena firme como forma de ejemplo para los juicios restantes, sino también que se hayan dictado medidas reparatorias "para poder educar y tener una vida digna a futuro".
Tras la sentencia, el tribunal le indicó al Ministerio de Salud que se les otorgue tratamiento psicológico o psquiátrico a las víctimas y que se les garantice la medicación que sea necesaria de manera gratuita hasta la recuperación.
En esa línea, los jueces también recomendaron a la Dirección General de Escuelas que brinde opciones educativas o capacitaciones formales, educación terciaria, universitaria o becas de estudio, según las necesidades de cada víctima.
Se trata de la segunda condena por el mismo caso, debido a que ya había sido sentenciado a diez años de prisión Jorge Bordón, un monaguillo que también trabajaba en el establecimiento y fue hallado culpable de once abusos.
Además, Graciela Pascual, la monja Asunción Martínez, docentes, una cocinera y una profesional de la salud mental podrían ir a juicio oral por no radicar las denuncias por los casos de pedofilia y corrupción de menores.
La audiencia para fijar la fecha de debate se realizará el próximo 17 de diciembre.