Ante el inminente vencimiento de la Ley Nro. 26.093 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, cuya prórroga aprobó el Senado en forma unánime, diputados de todo el arco político provenientes de las provincias del centro norte del país han puesto de manifiesto la necesidad de darle tratamiento en la Cámara Baja en reiteradas ocasiones. En todas las oportunidades, la conducción del oficialismo ha negado la discusión.
Bajo este contexto y faltando solo 15 días para el vencimiento de la actual ley, un grupo de legisladores del Frente de Todos ingresó un proyecto que, en palabras de la diputada nacional Ximena García, “claramente atenta contra el desarrollo de los biocombustibles, particularmente contra las pymes que producen biodiesel, localizadas en su mayoría en la provincia de Santa Fe.”
En este sentido,desde Juntos por el Cambio expresaron su rechazo por los términos de esta iniciativa, planteando que representa un claro retroceso a los avances logrados en materia de reemplazo de combustibles fósiles por biocombustibles, los que reducen sustancialmente los gases efecto invernadero, en línea a los compromisos firmados por nuestro país en torno a la mitigación del cambio climático.
El proyecto del oficialismo
El proyecto del FdT baja a la mitad el corte actual del biodiesel del 10% al 5%, pudiendo la autoridad de aplicación reducirlo al 3%, cuando la ley debería incluir una progresividad creciente de utilización de biodiesel y bioetanol en los cortes de gasoil y nafta (incentivando la comercialización de B100 y la incorporación de motores Flex que admiten mayores proporciones de bioetanol).
Por otro lado, limita la instalación y/o ampliación de empresas productoras de biocombustibles con destino a mezcla mínima obligatoria, afectando principalmente a las pequeñas empresas que no podrán crecer, impactando directamente el desarrollo de las economías regionales.
Además, no prevé una fórmula que fije precios y actualizaciones contemplando los costos de producción; todo queda en manos de la autoridad de aplicación. Esta situación, que en distintos momentos a paralizado la industria por falta de rentabilidad, genera incertidumbre en un sector donde hay invertidos alrededor de 3.000 millones de dólares y pone en riesgo cerca de 200.000 puestos de trabajo generados en forma directa e indirecta.
A su vez, la propuesta no promociona la investigación, la innovación, la inversión y la producción de biocombustibles de segunda generación que se realiza a través de desechos orgánicos que son altos contaminantes del ambiente y que pueden aprovecharse para generar energías limpias.
Al respecto, comentó García, “el proyecto del oficialismo no piensa en el futuro, pone un corset al desarrollo de los biocombustibles y a la posibilidad de que Argentina se coloque a la par de los países que lideran la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, pedimos prorrogar la Ley Nro. 26.093 y discutir una nueva ley, superadora y que incluya los desafíos que el país y planeta tienen por delante.”