El Gobierno nacional profundizó su política de desregulación económica al derogar 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y distintos programas de consumo. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción y forma parte del proceso de simplificación normativa impulsado por la gestión de Javier Milei.
Según argumentó el Ejecutivo, gran parte de las normas eliminadas habían perdido vigencia o aplicabilidad tras la derogación o modificación de marcos regulatorios como la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y la normativa que dio origen al Observatorio de Precios.
La medida también se complementa con el proyecto conocido como "Ley Hojarasca", impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar o modificar más de 70 leyes consideradas obsoletas o redundantes.
Qué normas fueron eliminadas
Entre las disposiciones derogadas se encuentran 22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo creado para intervenir en la cadena triguera con el objetivo de contener el precio de productos derivados de la harina.
También quedaron sin efecto 30 resoluciones relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple, esquemas que promovían el consumo mediante financiamiento en cuotas subsidiadas.
La resolución además elimina una normativa asociada al programa Precios Cuidados y otra vinculada a mecanismos específicos de atención para adolescentes consumidores que, según el Gobierno, duplicaban canales ya existentes.
A esto se suman regulaciones sobre comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones y una disposición que obligaba a los colegios privados a informar con anticipación los aumentos de sus cuotas.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo sostiene que la acumulación de regulaciones generó superposición de normas, desactualización y dificultades para determinar cuáles permanecían vigentes.
Según el texto oficial, esta situación provocaba incertidumbre jurídica tanto para ciudadanos como para empresas, y afectaba el normal desenvolvimiento de las actividades económicas.
La administración nacional afirma que la revisión permanente de las regulaciones permitirá concentrar los esfuerzos estatales en normas consideradas prioritarias, simplificar trámites y brindar respuestas más ágiles.
La Ley Hojarasca, el próximo paso
En paralelo, el Gobierno continúa impulsando la denominada Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción legislativa y busca profundizar la eliminación de leyes consideradas antiguas o sin aplicación práctica.
La iniciativa contempla la derogación de normas vinculadas a organismos que ya no existen, regulaciones superadas por avances tecnológicos, beneficios sectoriales específicos y estructuras burocráticas consideradas innecesarias.
Además, promueve un principio de menor intervención estatal bajo la premisa de que las actividades privadas deben ser libres, salvo aquellas expresamente prohibidas por la ley.
Con esta nueva tanda de derogaciones, el Ejecutivo acelera uno de los ejes centrales de su gestión: reducir regulaciones, simplificar el marco legal y limitar la participación del Estado en la actividad económica.
Derogaciones llevadas a cabo mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME:
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22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios en la cadena triguera.
- 30 normativas de Ahora 12 y Cuota Simple, una medida de intervención indirecta en las condiciones crediticias.
- 4 normativas que obligaba a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, incentivando así la distorsión de precios al fijarse aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegio
- 1 normativa accesoria al programa Precios Cuidados.
- 1 normativa que duplicaba mecanismos de atención ya existentes para adolescentes consumidores. Se elimina esta superposición y se concentran los reclamos en un canal especializado que garantiza una respuesta más ágil y eficiente.
Cuáles son las normas que derogó el Gobierno
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La N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.
- 426/2022 y 296/2023, vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.
- 22/2006, 178/2007 y 167/2008, procedentes del ex Ministerio de Economía y Producción.
- La N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025 que eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
- 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
- La disposición N° 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
- 282/2021 y sus 21 modificatorias, que regulaban programas de fomento al consumo cuya vigencia venció sin prórroga.
- Las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 con su modificatoria N° 148/2022, ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino
- 254/2019 y 43/2022 vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercancías.
Ley Hojarasca: cuáles son los principales puntos
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Derogación masiva de leyes
Se propone eliminar más de 70 normas vigentes, muchas de ellas sancionadas hace décadas, bajo el argumento de que perdieron aplicación práctica, fueron superadas por leyes posteriores o responden a contextos históricos ya inexistentes.
- Eliminación de normas redundantes
El texto apunta a leyes que fueron reemplazadas por marcos regulatorios más modernos, como aquellas vinculadas a vacunación, hidrocarburos o beneficios específicos que hoy están contemplados en otras normas más amplias.
- Supresión de leyes obsoletas por avances tecnológicos
Se incluyen regulaciones que quedaron desactualizadas frente a cambios tecnológicos y productivos, como las vinculadas a microfilmación de documentos, televisión a color o mecanismos antiguos de almacenamiento y comunicación.
- Revisión de normas que afectan libertades individuales
El proyecto propone derogar leyes que habilitan controles sobre reuniones privadas, circulación o actividades culturales, muchas de ellas dictadas en contextos de fuerte intervención estatal o durante gobiernos de facto.
- Reducción de la burocracia estatal
Se eliminan leyes que crean organismos, comisiones o fondos considerados innecesarios o con funciones superpuestas, así como trámites administrativos calificados como redundantes o sin utilidad actual.
- Eliminación de regulaciones sobre organismos inexistentes
Se propone derogar normas vinculadas a entidades que ya no funcionan o programas que nunca se implementaron, pero que permanecen formalmente vigentes en el sistema legal.
- Cambios en el financiamiento de entidades
El proyecto modifica leyes para quitar financiamiento estatal a organismos como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que deberán sostenerse con recursos propios.
- Eliminación de beneficios y privilegios específicos
Se suprimen normas que otorgan beneficios particulares a determinados sectores o actividades, bajo la premisa de evitar distorsiones y desigualdades dentro de un mismo ámbito.
- Simplificación del marco regulatorio
La iniciativa busca reducir la cantidad de normas vigentes para facilitar su conocimiento y cumplimiento, tanto para ciudadanos como para empresas.
- Principio de “máxima libertad”
El proyecto se apoya en la idea de que los derechos no requieren ser creados por ley y que debe regir un esquema en el que todo esté permitido salvo lo expresamente prohibido, en línea con una menor intervención del Estado.