Un fallo reciente del Tribunal de Turín, firmado por el juez Fabrizio Alessandria, podría marcar un antes y un después en la posibilidad de obtener la ciudadanía italiana por lazos de sangre. El caso, originado a partir del reclamo de una familia venezolana, cuestiona la constitucionalidad de la Ley 74/2025, aprobada por el gobierno de Giorgia Meloni, que impuso nuevas restricciones para descendientes de italianos, especialmente bisnietos y tataranietos.

La ley establecía como fecha límite el 27 de marzo de 2025 para que descendientes lejanos pudieran presentar su solicitud. Esa disposición generó una fuerte reacción de organizaciones y comunidades italianas en el exterior, que denunciaron que la norma viola principios básicos como la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

El caso venezolano, respaldado por las asociaciones AGIS y AUCI, podría convertirse en un expediente emblemático. Ambas entidades defendieron el principio del Ius Sanguinis, que permite heredar la ciudadanía por línea de sangre, independientemente de la distancia generacional. El reclamo también plantea que la ley introduce restricciones retroactivas sin haber sido debidamente debatida en el Parlamento, y que discrimina a los italianos nacidos fuera del país, en contravención de tratados internacionales.

Ahora será la Corte Constitucional italiana quien deberá definir si la norma es total o parcialmente inconstitucional. Si así lo resuelve, miles de solicitudes que habían quedado descartadas podrían volver a ser viables. Mientras tanto, el fallo ya encendió una nueva esperanza entre los descendientes que aún conservan un vínculo cultural y legal con Italia.

Cambios recientes en los requisitos: más controles, menos certezas

Además de la Ley 74, el gobierno italiano modificó la interpretación del artículo 12 de la Ley 555 de 1912, introduciendo un criterio que limita el acceso a la ciudadanía si el ciudadano italiano emigrado se naturalizó en otro país mientras su hijo era menor de edad. Este cambio impacta sobre todo a familias latinoamericanas, cuyas raíces italianas provienen de migraciones de principios del siglo XX.

Desde ahora, quienes deseen iniciar el trámite deberán comprobar que su antepasado no se naturalizó antes de que su descendiente directo cumpliera 21 años. Esto representa una dificultad extra y, en muchos casos, puede derivar en la interrupción del derecho a la ciudadanía.

¿Cómo saber si tu familia conserva el derecho?

En Argentina, el primer paso es solicitar un certificado de la Cámara Nacional Electoral, que permite conocer si un antepasado se naturalizó argentino y en qué fecha. Este dato es crucial para saber si la cadena de transmisión de ciudadanía sigue vigente según las nuevas exigencias.

También es útil consultar archivos migratorios, actas de matrimonio o defunción, donde muchas veces se detalla la nacionalidad del ciudadano. Si se comprueba que hubo naturalización temprana, el derecho a la ciudadanía podría quedar anulado para sus descendientes.

Una nueva esperanza, pero también nuevos desafíos

Mientras se espera una definición de la Corte Constitucional italiana, el fallo de Turín vuelve a abrir la puerta para quienes buscan ejercer el derecho a la ciudadanía por herencia. Pero lo hace en un contexto más restrictivo, donde cada detalle documental es clave y los consulados exigen un control más riguroso.

En un país como Argentina, que cuenta con una de las comunidades italianas más numerosas del mundo, la expectativa es enorme. Aunque el camino legal aún no está despejado, el fallo ya marcó un punto de inflexión en la discusión.