El diputado provincial Martín Rosúa presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 361 de la Ley Orgánica del Poder Judicialcon el objetivo de establecer una nueva lógica en la regulación de los honorarios periciales que desactive el aumento de la litigiosidad laboral por accidentes y enfermedades.

El eje central de la iniciativa es romper el vínculo entre lo que cobra el perito y el monto de la pericia o del juicio. De este modo, se busca garantizar su imparcialidad, evitar conflictos de interés y desincentivar una de las lógicas que alimentan la industria del juicio.

"Primero hay que separar los honorarios del perito de los montos del proceso. No hay nada que se afecte, ni ningún derecho que se complique haciendo esto. Y sin embargo, creamos un incentivo claro para la imparcialidad y la idependencia técnica (...) queremos romper un incentivo muy mal colocado que tiene la ley" detalló por LT10, Rosúa.

Asimismo, enfatizó en que “es una reforma estructural. Si el perito sabe que su retribución no depende del resultado económico del juicio, puede trabajar con total independencia técnica”.

La propuesta también incorpora avances relevantes en términos de previsibilidad y dignidad profesional.

Además, se incorpora un rango de entre 5 y 10 unidades JUS para los dictámenes efectivamente presentados, y escalas específicas para los casos en los que la causa se cierre antes de realizar la pericia.

“Estamos ordenando una función clave dentro del sistema judicial, dándole claridad, transparencia y protección económica. Y al mismo tiempo, eliminamos incentivos que distorsionan los procesos. Una justicia mejor también se construye desde estos detalles”, concluyó el legislador.

Audio: Martín Rosúa, diputado provincial