La Argentina apeló el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska que obliga al país a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, como parte de la ejecución de una sentencia que reclama una indemnización de 16.099 millones de dólares. La defensa oficial presentó el escrito este lunes con el objetivo de frenar la ejecución forzosa de la sentencia en territorio estadounidense.

Los abogados estadounidenses contratados por la Procuración del Tesoro, bajo la gestión de Santiago María Castro Videla, presentaron los principales argumentos de la apelación: el carácter inédito del fallo, los riesgos legales de su cumplimiento y el impacto sobre la soberanía nacional.

“Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, señala el escrito, al advertir que el caso sienta un precedente peligroso para el sistema legal norteamericano.

En uno de los pasajes más relevantes, se destaca que ejecutar el “turnover” (traslado forzoso de acciones) violaría la Ley 26.741 sancionada en 2012, que establece que cualquier cesión de acciones de YPF requiere la aprobación de dos tercios del Congreso. Una referencia que también utilizó el gobernador Axel Kicillof en recientes declaraciones públicas:

“Las acciones de YPF solo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso”, expresó.

Además, la defensa subraya que YPF no es parte del proceso judicial en Nueva York, sino un “botín” de un litigio entre privados y el Estado nacional. La empresa no tiene abogados designados, ni participa en las negociaciones ni en las presentaciones formales del juicio.

Otra línea de defensa es el “daño irreparable” que implicaría ejecutar la sentencia. Según el Gobierno, la entrega forzada de las acciones podría desatar consecuencias institucionales graves, afectar a terceros –como bonistas o provincias que comparten recursos con la empresa– y debilitar el control estatal sobre la petrolera de bandera.

En paralelo, también se avanza en la apelación de otro juicio vinculado a la deuda en default de 2001, conocido como caso Bainbridge. En ese expediente, la jueza Preska también ordenó la entrega de acciones de YPF como forma de resarcimiento, lo que la defensa argentina califica como una nueva violación al marco legal vigente.

Los abogados concluyen que no hay antecedentes jurisprudenciales que permitan ejecutar activos de un Estado soberano en estas condiciones dentro del sistema judicial de Estados Unidos.

Mientras el país intenta revertir el fallo en instancias superiores, el caso continúa siendo un capítulo sensible para la economía argentina, por el impacto potencial en reservas, activos estratégicos y soberanía energética.