Se realizaron marchas y concentraciones en Santa Fe y distintos puntos del país para reclamar por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado de la Nación, que en la tarde de este jueves debate esa, entre otras iniciativas. 

En nuestra capital, la convocatoria fue en Plaza 25 de Mayo. En diálogo con el móvil de LT10 y Litus TV, Gabriela Bruno, referente en la temática, exigió "que no se dilate más ni el tratamiento ni la aprobación, porque esto impacta y repercute directamente en la vida de las personas con discapacidad y de quienes están trabajando en relación a ellas, como también en las familias". 

Asimismo, explicó que "esta ley viene a decir lo mismo que ya dicen leyes que existen; es reforzar y declarar un estado de emergencia para poder resguardar al colectivo de personas con discapacidad, garantizar una cantidad de dinero para poder financiar las prestaciones y que no se corten". "La Ley de Emergencia es necesaria porque se está desconociendo lo que ya existe", insistió. 

A su turno, la presidenta de la Unión de Entidades por y para Discapacitados (UENDISFE), Gabriela Ortolochipi, reafirmó: "Es necesaria una ley para que se cumplan las otras leyes, lo cual es terrible". Además, advirtió que "la situación es gravísima", y lamentó: "es muy angustiante, ya no sabemos qué reinventar, qué pensar; hay una cantidad importantísima de personas con discapacidad que de tener que empezar a cerrar estos apoyos se van a quedar prácticamente sin nada". 

En el Congreso

En Buenos Aires hubo una movilización hacia el Congreso. Desde la Fundación de Desarrollo Humano Integral indicaron que “la discapacidad está en una crisis al borde del colapso”, no sólo por las asignaciones que muchas personas ya no reciben, sino también porque hay un “vaciamiento” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), institución que debe bregar por sus derechos.

“En la ANDIS hubo 340 despidos y un retroceso al modelo médico, además de un recorte del -19% acumulado del presupuesto desde 2023. Las prestaciones están paralizadas, sin aumentos desde noviembre de 2024 y las obras sociales están desreguladas. Hay más de 500.000 personas afectadas y un millón auditadas sin garantías y sin nuevas pensiones”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que también hubo recortes en transporte y en tratamientos de salud mental y aseguraron que la discapacidad “no puede ser una variable de ajuste”: “Le pedimos a la sociedad toda que nos ayude a visibilizar esta emergencia”, añadieron.