El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, responsabilizó directamente a Ariel García Furfaro, titular del laboratorio Ramallo y del HLB Pharma Group, por la tragedia sanitaria vinculada al fentanilo adulterado, que ya provocó 96 muertes en el país. Según denunció el funcionario, se trata de “un grupo empresarial espurio y delictivo comandado por un exconvicto” que operaba con “cobertura política”.

Tras la reunión de Gabinete que encabezó este viernes el Gobierno nacional, Lugones confirmó que se inició un sumario interno en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, para esclarecer cómo se permitió la circulación del lote contaminado.

“Somos querellantes en la causa y el Malbrán actúa como perito, a pedido del juez. Queremos, al igual que los familiares, que esto se resuelva lo más rápido posible”, dijo el ministro en una entrevista con Crónica TV.

Además, apuntó directamente contra García Furfaro: “Este hombre viene haciendo negocios espurios. Comenzó hace mucho con el laboratorio Apolo, falsificando documentos para acceder a sustancias controladas. Todo esto en algún momento tiene que acabarse. Nosotros vinimos a poner fin a todo esto. El que las hace, las paga”.

Lugones también explicó los aspectos técnicos del caso: “El medicamento viene en una ampolla. Para que adentro haya una bacteria, tuvo que ser fabricado en un ambiente no estéril. Su obligación como laboratorio era retirar las muestras. No lo hizo, por eso tiene una denuncia penal”.

Y cerró con una frase contundente: “Espero que reciba su merecido”.

El juez le respondió a Milei

En paralelo, el juez federal Ernesto Kreplak, que lleva adelante la causa, salió al cruce del presidente Javier Milei, quien había cuestionado el avance de la investigación por un supuesto conflicto de intereses con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, hermano del magistrado

“Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, dijo Kreplak al medio Infocielo.

La causa avanza en medio de un escándalo nacional por el colapso de los controles sanitarios, las posibles irregularidades en la fabricación y la responsabilidad penal de quienes debían garantizar la seguridad del medicamento.