En una nueva sesión maratónica, la madrugada de este viernes la convención constituyente aprobó el segundo paquete de reformas camino a la nueva Constitución santafesina.

El primer dato saliente  es que la Caja de Jubilaciones finalmente se declaró “intransferible” y se garantizó la movilidad de sus beneficios. Los recursos de la Caja provincial son intangibles y no pueden destinarse a otros fines, además de establecer que el régimen será público, solidario, sin posibilidad de ser privatizado o traspasado a Nación.

Convencionales del PJ y del oficialismo se manifestaron orgullosos de proteger el organismo que garantiza las jubilaciones de los estatales santafesinos. Se trata, al fin de cuentas, de un artículo que le da un sentido de defensa de lo público a la nueva Constitución santafesina, en un momento en el que a nivel nacional la cosa va a contramano.

El resultado a la hora de la votación fue de 50 votos a favor de la mayoría, 8 por la negativa (La Libertad Avanza) y 7 abstenciones (Somos Vida y libertad).

Participación ciudadana

Un eje novedoso para Santa Fe es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana. Por primera vez la Constitución santafesina incluirá un capítulo específico que amplía los cauces de democracia semidirecta. Y no será solo una declaración genérica: el dictamen de mayoría desglosa herramientas concretas que, de aquí en más, tendrán jerarquía constitucional:

• Iniciativa popular: la ciudadanía podrá presentar proyectos de ley ante la Legislatura, salvo en materias sensibles como reforma constitucional, régimen electoral, cuestiones tributarias, presupuestarias o procesales penales.
• Referéndum vinculante: el Poder Legislativo, con mayoría absoluta de ambas Cámaras, podrá someter a votación la sanción, modificación o derogación de leyes. El voto será obligatorio y el resultado, de cumplimiento obligatorio.
• Consulta popular: tanto el Ejecutivo como el Legislativo podrán convocar a la ciudadanía sobre temas de interés general. A diferencia del referéndum, aquí el voto será optativo y el resultado no vinculante.
• Revocatoria de mandato: los electores tendrán la posibilidad de destituir a funcionarios provinciales por incumplimiento grave de sus deberes. El mecanismo se activa con la firma del 25% del padrón y prospera si más del 50% de los votantes lo aprueba en las urnas. Esto debe ser reglamentado por ley
• Audiencias públicas: podrán ser convocadas por los poderes públicos y también solicitadas por la ciudadanía. La Constitución obliga a realizarlas antes de aprobar proyectos de ley vinculados al ambiente y a los servicios públicos.

Todo este paquete abre la puerta a una mayor participación ciudadana en las decisiones. Aunque hay que decir también que el piso alto que se pide para la convocatoria de mecanismos como la revocatoria de mandatos (el 25 por ciento del padrón implica más de 700 mil firmas, estimó el convencional Rubén Giustiniani) pueden convertir ese párrafo como un enunciado puramente simbólico. 

Malvinas y cláusula democrática

El plenario votó por unanimidad dos artículos de fuerte carga simbólica y política. La cláusula Malvinas, que reafirma de manera irrenunciable la soberanía argentina sobre los archipiélagos del Atlántico Sur, su proyección antártica y la plataforma continental, recibió el acompañamiento de todos los bloques, incluso de La Libertad Avanza, que por primera vez se sumará a un dictamen de mayoría. Lo mismo ocurrirá con la cláusula democrática, que declara la nulidad absoluta de cualquier intento de quebrar el orden institucional, consagra el derecho de resistencia ciudadana y dispone la inhabilitación perpetua para los responsables de golpes de Estado.