En la sesión pleanria que se desarrolla este miércoles en la Legislatura,  el debate de los convencionales se centra en reformas clave vinculadas al funcionamiento de la Justicia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Defensa Pública.

Este martes, las comisiones Redactora y de Poder Judicial introdujeron modificaciones sustanciales en los dictámenes acordados previamente por el oficialismo. 

El texto de mayoría establece que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por siete ministros, con paridad de género, representación territorial y un límite de permanencia de 75 años. Se ratifica que los jueces supremos serán designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

En cuanto a la Procuración General, se define que forma parte del Poder Judicial, dicta ante la Corte y actúa en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

El oficialismo impulsa además la constitucionalización del Ministerio Público, con una estructura que reconoce dos órganos autónomos, con independencia funcional y autarquía financiera: el MPA, enfocado en la persecución penal y la protección de las víctimas; y la Defensa Pública, concebida como institución de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.

Tanto el Fiscal General como el Defensor General serán designados por el Ejecutivo con acuerdo legislativo, por cinco años, con posibilidad de una única reelección.

Uno de los cambios centrales apunta a limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la selección de jueces, fiscales y defensores. En lugar de depender de decretos de autolimitación de cada gobernador, la reforma prevé que las propuestas surjan de un Consejo Asesor de carácter técnico, integrado por representantes del sistema judicial y bajo la órbita del Ejecutivo. Las recomendaciones de este órgano serán vinculantes para el gobernador, que luego elevará los pliegos a la Legislatura para su aprobación.