“En Argentina necesitamos una ley penal juvenil y un sistema de protección penal juvenil, porque contamos con una ley muy antigua, la 22.278, que deja desprotegidos a los menores de edad. Hay que apelar a una justicia restaurativa”, comenzó diciendo Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.
Para la especialista, “lo primero que salta es bajar la edad de la imputabilidad porque con eso se calman las ansiedades de la sociedad que están desatadas por un delito serio”, pero allí no radica la solución. “Hay que poner énfasis en la política pública para prevenir este estado de situación”, ”mejorar los mecanismos de integración social: que el Estado invierta en la protección de los menores que hoy están siendo captados por circuitos de criminalidad”, instruye.
De todas formas, Perinetti afirma que es necesario esclarecer los hechos delictivos y sancionar a sus responsables, “sea cual sea la edad que tenga ese niño a adolescente”, pero exige que esto se haga “con instrumentos acordes a su edad evolutiva”. “No estamos hablando de que no se intervenga en una situación delictiva o que el Estado tenga las manos atadas, lo que reclamamos es que a través de un sistema penal juvenil se pueda dar el tratamiento que deben tener (los menores)”.
Además, recuerda que la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Observación número 10 “llama a los estados parte a no bajar la edad de la imputabilidad”.
Por otra parte, sostiene que nuestro país no cuenta con datos estadísticos serios en relación a la temática. Sin embargo, asegura que el último estudio de la Secretaría de la Niñez habla de un número muy bajo de adolescentes privados de la libertad y en conflicto con la ley penal. Y de este universo, que ya es reducido, sólo el 6% serían menores.
“Si no nos podemos poner a trabajar con una población tan pequeña, ¿de qué estamos hablando?”, se preguntó. Porque asimismo, indicó que esos chicos están concentrados en cinco jurisdicciones: las provincias de Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, y la Capital Federal. “Allí es donde tienen que estar apuntados los cañones del Estado”, señaló.