Dos de los tres hombres que supieron ser parte del círculo íntimo de Esteban Lindor Alvarado, el delincuente que empezó levantando y desguazando autos pero que rápidamente encontró la veta del negocio narco y hoy está en prisión como líder de una estructura criminal dedicada a montar empresas para financiar la comisión de delitos, ejecutar homicidios y lavar dinero proveniente de la actividad ilícita, fueron acribillados a balazos en el término de un año. 

Según un artículo del diario La Capital, el 19 de marzo de 2020, dos días después de visitar a su socio en la cárcel de Piñero, Rodrigo Carlos Sánchez conducía una camioneta Toyota Hilux y al detenerse frente a un semáforo de Wilde y San Lorenzo fue emboscado y asesinado a tiros por un joven encapuchado que bajó de otro auto que poco más tarde apareció abandonado.

Ayer, casi un año después, Nicolás Marcelo “Fino” Ocampo fue atacado a tiros por uno de dos muchachos que llegaron en una moto hasta el frente de su casa de la zona oeste y le descerrajaron tres disparos que le quitaron la vida en el acto. El tercer hombre en cuestión es Rodrigo Ortigala, quien perteneció al grupo criminal de Alvarado pero se enemistó de él y declaró como testigo en la causa que lo mantiene tras las rejas. A él no lo atacaron, pero a su hermana intentaron asesinarla con 27 disparos frente a su vivienda de Roldán seis días antes del crimen de Sánchez. Todos hechos perpetrados a plena luz del día y con un claro sello de venganza mafiosa.

Poco después de las 15 de ayer “Fino” llegaba a su casa de Ocampo al 6600 a bordo de una camioneta Toyota Hilux modelo 2012 en compañía de uno de sus pequeños hijos, un nene de 2 años que es ahijado de Alvarado. Apenas estacionó vio que frente a la vivienda había parada una moto con dos muchachos que no eran del barrio y sospechó que venían por él. Entonces intentó dar marcha atrás y en la maniobra colisionó contra un Chevrolet Prisma que estaba detenido.

Poco pudo hacer Ocampo entonces para zafar de la muerte. Quien estaba como acompañante en la moto, un joven con barbijo y gorrita pero sin casco, bajó y por la luneta de la camioneta efectuó tres disparos con un arma de alto calibre. “Fino”, quien no alcanzó a descender del vehículo, cayó sin vida sobre el volante ante la vista azorada de su criatura que empezó a llorar desesperadamente porque algunas astillas de vidrio lo lastimaron. Los familiares de Ocampo, al oír los disparos, salieron de la vivienda y pusieron a resguardo al niño. Para entonces los sicarios ya habían escapado del lugar.

Pocos minutos más tarde arribaron al lugar efectivos de la División Homicidios y peritos del Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Sin embargo, los primeros se limitaron a observar la escena y resguardarla ya que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, se hicieron cargo directamente de la pesquisa y separaron de la misma a los agentes de Homicidios ante las vinculaciones que el episodio podría tener con la causa que tramitan contra Esteban Alvarado.

“Fino” Ocampo fue apresado el 18 de febrero de 2019 en la misma casa donde vivió siempre y frente a la cual lo mataron. Habían pasado entonces solo dos semanas de que Esteban Lindor Alvarado, el hombre del que era socio en el delito, cayera en la localidad cordobesa de Embalse Río Tercero donde se aguantaba de la policía. En el allanamiento a la casa de Ocampo los pesquisas de la AIC hallaron dos armas de fuego: un revólver sin numeración en su tambor y una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

Un año después, el 11 de febrero de 2020, la defensa de Ocampo llegó a un acuerdo abreviado con la Fiscalía de Criminalidad Organizada por el cual lo condenaron a 3 años de prisión efectiva por la tenencia ilegal de armas de fuego, amenazas coactivas calificadas y ser parte de la asociación ilícita comandada por Alvarado. Sin embargo, como ya llevaba un año de prisión preventiva tras las rejas, en ese mismo acto la jueza Silvia Castelli aceptó el pedido de libertad para el imputado bajo ciertas reglas de conducta después de que “Fino” admitiera su responsabilidad en los hechos atribuidos “en lo que a él respecta, sin que se reconozca la responsabilidad penal de ninguna otra persona o coimputado en las (otras) causas que lo abarcan”. Así las cosas, Ocampo volvió a su casa y a compartir la vida con su pareja y sus dos pequeños hijos además de una hija adolescente de la mujer.

En septiembre del año pasado, en tanto, “Fino” volvió a ser convocado por la Justicia y en una nueva audiencia presidida por el juez Rafael Coria el cese de prisión del cual gozaba se convirtió en libertad condicional, situación en la que estuvo hasta ayer. En los últimos tiempos, según dijeron vecinos de Ocampo, había puesto una distribuidora de forrajes de la que vivían él y su familia.

Esteban Lindor Alvarado tiene sobre sí varias imputaciones. Las más graves son las de instigar el homicidio del prestamista Lucio Maldonado, a quien secuestraron frente a su vivienda de la zona sur en noviembre de 2018 y luego ejecutaron de tres balazos, uno de ellos en la nuca, en la quinta Los Muchachos (en jurisdicción de Piñero). Su cuerpo fue arrojado poco más tarde al costado de la colectora sur de Circunvalación, a metros de bulevar Oroño. Quienes lo mataron dejaron entre sus ropas un cartel que decía: “Con la mafia no se jode”. En el allanamiento a esa finca semirrural concretado días después se encontró una carpeta en la cual había documentación e impuestos de varias propiedades de Alvarado.

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Pero desde la cárcel, el propio Alvarado armó un plan de tres patas para eludir su destino de prisión perpetua como instigador de ese crimen y otros delitos que le achacan, como una saga de balaceras contra objetivos del Poder Judicial y el armado de una serie de empresas para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

La primera de esa patas era transferir su responsabilidad por el homicidio de Maldonado a alguien que resultara creíble como autor de tal cosa, por lo que eligió a miembros de la banda de Los Monos. La segunda era generar nuevos delitos en donde la banda oriunda del barrio Las Flores ya hubieran estado implicados como las balaceras a edificios judiciales. La tercera, convencer de su hipótesis a los fiscales que investigaban esos hechos torciendo a favor de su conveniencia el rumbo de la pesquisa. Y para eso infiltró a policías cómplices en la investigación, algunos de los cuales fueron condenados en juicios abreviados.

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En una audiencia en la cual fue imputado y delante de la jueza Melania Carrara, el mismo Alvarado manifestó: “No pertenezco a ninguna asociación ilícita ni como jefe, ni como organizador, ni nada por el estilo”. Y aceptó que conocía “desde años atrás” a los acusados Nicolás “Fino” Ocampo y a Rodrigo Ortigala, quien se enemistó con Alvarado en 2012 y se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación a declarar en su contra con el afán de recuperar una propiedad que, según evidencias que presentó, su ex amigo le había quitado extorsivamente.

Desde entonces, Ortigala se convirtió primero en testigo protegido contra Alvarado y después pidió ser identificado de modo que la divulgación pública de su actuación en la causa fuera su resguardo. A tal punto que en las distintas audiencias que se llevaron adelante contra la banda de “El Esteban” se pudo ver entre los asistentes tanto a él como a su hermana, a quien intentaron matar en marzo de 2020, tres meses después de que le quitaran la custodia permanente que tenía y un mes antes de rechazar el ofrecimiento de los fiscales para ingresar al sistema de protección de testigos, lo que les implicaba salir de la provincia.