El exministro de Seguridad Marcelo Sain y otros exfuncionarios de su gestión quedaron al borde de ser imputados por asociación ilícita y otros delitos por las causas por espionaje ilegal y una presunta licitación direccionada para adquirir armas. Es a partir de la citación a todos para ser notificados en sede policial y escuchar la lectura de derechos.

Según consigna Rosario 3, la medida --dispuesta por los fiscales de Delitos Complejos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez-- alcanza a Marcelo Sain, Germán Montenegro (ex secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (asistente técnica), Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal), Pablo Álvarez (Subsecretario de Investigación Criminal) y Débora Cotichini (jefa de Inteligencia Sur del Organismo suspendida). Junto a ellos, el contador Maximiliano Novas, ex secretario de Finanzas, quien aparece en las investigaciones por las licitaciones.

Todos los ex funcionarios deben pasar por la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En principio, la notificación los vincula a una presunta asociación ilícita y a delitos como el espionaje ilegal, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

A algunos de los involucrados, que podrían no ser los únicos, les secuestraron sus teléfonos personales, como el caso de Montenegro y Novas. Por ahora se conocen medidas y descargos públicos, pero en ninguna de las causas trascendió la prueba en su contra. Los fiscales trabajan con hermetismo y bajo perfil.

Sain se fue en marzo de Seguridad y en noviembre fue destituido del cargo como director del Organismo de Investigaciones, al que había accedido por concurso. Su equipo renunció a fin de noviembre, tras los allanamientos realizados en la sede de la cartera en Rosario y Santa Fe.

El paso siguiente a la lectura de derechos sería la audiencia imputativa para que los involucrados puedan conocer la prueba y defenderse. La pesada acusación y la pena en expectativa, que es de prisión efectiva, podría derivar en que los fiscales soliciten la prisión preventiva, siempre y cuando la acusación y prueba –que no se conoce– sean sólidas para un juez que debe valorarlas.