El Ministerio de Seguridad de Santa Fe aplicó la primera sanción económica contra los padres de un niño de 13 años, autor de una falsa amenaza en una escuela de la ciudad. La notificación, que llegó al domicilio de la familia, exige el pago de más de 6.200.000 pesos para cubrir los costos del operativo de seguridad desplegado en el establecimiento educativo.

En diálogo con LT10, el doctor Rodolfo Mingarini, abogado patrocinante de la familia, anticipó que la medida ya fue contestada formalmente mediante una presentación por mesa de entrada del Ministerio. El letrado cuestionó la validez legal del procedimiento administrativo y la figura penal que se intenta aplicar.

"No hay delito"

Mingarini fue tajante al separar los conceptos de "amenaza" e "intimidación pública". Según explicó, el hecho no encuadra en una amenaza penal: "La amenaza es algo mucho más preciso; requiere que un adulto, con un elemento que infunda temor, obligue a otro a hacer o dejar de hacer algo. Un niño de 12 o 13 años con las manos vacías no puede infundir amenaza a nadie". En cambio, señaló que este tipo de hechos suelen calificarse como intimidación pública, una figura que el Estado debe abordar con mayor profesionalismo.

Además, el abogado subrayó que el episodio que dio origen a la sanción fue "un desafío viral" entre compañeros de curso. El elemento del conflicto fue un papel hallado en un estacionamiento público cercano al colegio, y no dentro de las aulas o baños. "El chico reconoció el error frente a sus padres y las autoridades escolares, se contuvo el tema y ese viernes hubo clases normalmente en la escuela", aclaró Mingarini.

Cuestionamiento a la legalidad del cobro

El punto central de la disputa radica en la capacidad del Poder Ejecutivo para imponer multas de esta naturaleza de forma bilateral. "La pretensión de cobrar ese monto está fundada en una directiva administrativa de muy bajo rango legal", afirmó el abogado. Para Mingarini, el Estado no puede determinar un monto y exigir su pago en cinco días sin la intervención de un juez civil que determine la existencia de un daño real.

"Para poder cobrar eso, tendría que haberse dictado una ley en el Congreso de la Nación reformando el Código Penal. El poder administrador debe actuar dentro del marco de la legalidad", sostuvo el letrado.

Otro eje de la queja es la desproporción entre el gasto operativo y la multa exigida. Mingarini cuestionó el cálculo del Ministerio: "Dicen que el operativo costó 6 millones de pesos, pero lo que sabemos es que fue solamente un patrullero de la comisaría novena. Salvo que ese patrullero sea un Rolls-Royce, no se gasta esa suma".

"Le dan 5 días para pagar 6 millones de pesos a un trabajador que, con suerte, le quedan 800.000 pesos en el bolsillo", denunció el profesional.

Finalmente, el abogado advirtió sobre el peligro de "criminalizar" a menores de edad: "A los chicos hay que enseñarlos y trabajar con ellos; si la única forma de abordarlos es esta, no confiamos en nuestros jóvenes y no les podemos enseñar nada".