La familia denuncia tortura mientras la defensa de los policías cuestiona la imputación

La justicia santafesina avanza en la investigación por la muerte del joven ocurrida en enero tras una detención policial en la Comisaría Octava. Seis efectivos permanecen detenidos bajo la grave carátula de tortura seguida de muerte.

La causa que investiga el fallecimiento de Mauro González, quien murió bajo custodia policial en la Comisaría 8va tras ser aprehendido en enero de este año, ha tomado un nuevo impulso con la detención de seis agentes del Comando Radioeléctrico y de Infantería.

Mientras la familia de la víctima aguarda la audiencia imputativa, las partes mantienen posturas contrapuestas sobre lo ocurrido aquel 17 de enero. Lucas, hermano de Mauro, expresó que las detenciones no los sorprendieron debido a las reuniones previas con el fiscal y afirmó: "Se escucharon nuestros reclamos y nuestro pedido de justicia; es algo muy importante lo que se hizo ahora, se avanzó bastante la investigación".

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Desde la querella, la familia sostiene que la detención inicial fue arbitraria y estuvo marcada por un uso desmedido de la fuerza desde el primer momento. Según el testimonio de Lucas, el procedimiento se originó por un desorden en la vía pública que no justificaba el desenlace posterior. Al respecto, el hermano de la víctima señaló: "Desde un principio la aprehensión fue ilegal. Algo que se podría haber resuelto en el momento y no sé por qué pasó todo lo que pasó", agregando que los agentes ignoraron las advertencias sobre la salud de Mauro, quien tenía una cirugía reciente.

Un punto crítico en la denuncia de la familia es la supuesta violencia física ejercida sobre la zona abdominal de González, donde tenía una colostomía. A pesar de los pedidos de sus padres para que recibiera asistencia médica, los efectivos habrían continuado con el maltrato. "Hicieron caso omiso y siguieron ejerciendo violencia sobre él, sobre la parte donde él estaba operado", relató Lucas, quien también cuestionó por qué su hermano no fue liberado a las 22:00 horas, tal como lo había dispuesto el fiscal de turno en aquel momento.

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Por su parte, el abogado Martín Risso Patrón, representante legal de tres de los policías implicados, planteó una estrategia centrada en cuestionar las formas del proceso y la calificación legal. El letrado adelantó que buscará invalidar una de las medidas de prueba clave: "Tengo entendido que se va a hacer una rueda de reconocimiento, la que voy a intentar impugnar porque han circulado videos con los rostros de las caras de mis representados", argumentando que la viralización de las imágenes en medios y redes sociales anula la validez del acto.

Respecto a la actuación de los uniformados durante el traslado, la defensa sostiene que se trató de un procedimiento complejo debido al estado de la persona aprehendida. Según Risso Patrón, sus defendidos reportaron que el joven se encontraba bajo efectos de sustancias y que se resistió a la autoridad. Sobre la imputación de tortura seguida de muerte, que prevé una pena de prisión perpetua, el abogado fue tajante: "La carátula provisoria sería esa. Me parece absolutamente excesiva para una conducta", confiando en que un futuro juicio por jurados tendrá una visión distinta a la de la fiscalía.

Finalmente, la familia de Mauro González aclaró que su reclamo no es un ataque contra la institución policial, sino un pedido de justicia ante un caso de violencia institucional. Lucas enfatizó que poseen familiares dentro de la fuerza y que buscan que se sancione a quienes incumplieron con su deber de proteger la integridad física del detenido. "Simplemente es sancionar a la persona que hace mal su deber. Tenía que resguardar la integridad física de mi hermano y no fue así", concluyó, a la espera de la audiencia que definirá el futuro procesal de los imputados.